Aunque en Jalisco el aborto está despenalizado y puede realizarse hasta las 12 semanas de gestación por decisión de la mujer, en la práctica todavía existen barreras que dificultan el acceso al servicio en hospitales públicos.
Así lo advirtió Patricia Ortega Medellín, representante en Jalisco de laRed por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddser), quien señaló que, pese a los avances legales, aún falta una transformación cultural e institucional para garantizar el acceso efectivo a la interrupción legal del embarazo.
Organizaciones advierten desinformación, tratos hostiles y obstáculos
La activista explicó que uno de los principales obstáculos es la desinformación entre la población femenina, ya que muchas mujeres todavía creen que el procedimiento sigue siendo un delito.
“Qué es lo que hemos encontrado: que la mayoría de las mujeres aún no saben que pueden acudir. Se sigue pensando que esto está penalizado, que sigue estando en el Código Penal como un delito, y la mayoría de las usuarias no buscan una opción institucional para poderse atender”, explicó Ortega Medellín.
Aunque la Secretaría de Salud de Jalisco ha designado hospitales para brindar el servicio, en el Área Metropolitana de Guadalajara el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos concentra la mayoría de los procedimientos y cuenta con personal capacitado y sensibilizado.
Sin embargo, la situación cambia en otras regiones del estado, donde el acceso al servicio no es uniforme.
“En el resto del estado y en otros hospitales donde se debería estar prestando el servicio no encontramos lo mismo. No en todos hay personal sensible o que te dé la información adecuada; incluso se registran tratos hostiles”, denunció la representante de Ddser.
Entre las principales dificultades que enfrentan las mujeres destacan negativas indirectas, aplazamientos en la atención y la imposición de requisitos adicionales para poder acceder al procedimiento.
También señaló que en instituciones como el IMSS y el ISSSTE, aunque oficialmente realizan interrupciones del embarazo, en la práctica pueden existir obstáculos administrativos o médicos que complican el acceso.
Otro factor que preocupa a las organizaciones civiles es la aplicación de la objeción de conciencia por parte de algunos profesionales de la salud.
Ortega Medellín indicó que esta figura se ha aplicado de manera ambigua, incluso en situaciones donde médicamente se recomienda interrumpir el embarazo por riesgo a la salud de la paciente.
Las adolescentes y niñas representan uno de los sectores más vulnerables en este contexto, especialmente aquellas que viven fuera del Área Metropolitana de Guadalajara.
“Seguimos quedándonos en usuarias del área metropolitana o con cierto acceso a recursos de información, pero no estamos llegando todavía a menores de edad o a quienes viven en el interior del estado, en lugares alejados de los hospitales regionales”, explicó.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Jalisco, en 2025 se realizaron 115 interrupciones del embarazo en menores de 18 años; en 2024 se registraron 111; en 2023 fueron 64; y en 2022, 32 procedimientos.
En el caso de niñas menores de 15 años, este año se reportaron 18 interrupciones legales del embarazo, mientras que se registraron 404 embarazos en ese mismo grupo de edad.
Desde la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos señalan que la demanda de acompañamiento también ha aumentado. Tan solo durante enero de este año, la organización registró hasta dos casos diarios de mujeres que solicitaron orientación o apoyo.
Aunque se reconocen los avances derivados de la reforma legal que permitió la despenalización del aborto, las organizaciones civiles advierten que en Jalisco aún persiste un entorno de criminalización social, médica y de desinformación que limita el ejercicio pleno de este derecho reconocido por la ley.
KH