El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, está de acuerdo en que se encuentre una mejor opción sin evadir la ley para que los jóvenes pertenecientes a la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la Universidad de Guadalajara (UDG) enfrenten su proceso legal fuera de la cárcel.
“Con absoluto respeto al poder judicial y en el marco de la comunicación institucional entre poderes que siempre hemos tenido, hago un exhorto para que se encuentre una ruta que permita que los jóvenes enfrenten su proceso fuera de la cárcel”, dijo el gobernante a través de un comunicado.
Enrique Alfaro afirmó que ni él ni el Gobierno de Jalisco se entrometen en los otros poderes del Estado, en particular en la disputa legal entre una empresa inmobiliaria y estudiantes de la UDG como producto de una denuncia interpuesta por los particulares, y que el derecho a la libre manifestación se respeta.
“Sobre las razones que hay detrás de toda esta campaña de mentiras y ataques contra los poderes públicos no hablare en esta ocasión. Todo en su debido momento. Por lo pronto, lo importante es encontrar el camino para que los jóvenes puedan enfrenar a la justicia en libertad”, detalló el mandatario.
Asimismo, aclaró que son totalmente falsas las acusaciones en su contra respecto a que él gira instrucciones para presionar el futuro legal de los estudiantes, garantizando el respeto absoluto a la división de poderes y a las determinaciones que consideren en este caso.
Agregó que nadie está detenido en Jalisco por manifestarse, y que la situación de los tres estudiantes se debe a la probable comisión de un delito que la empresa afectada acusa en la denuncia presentada ante la Fiscalía del Estado, y la deliberación del caso que se dará en algunas horas por parte del Poder Judicial.
“El terreno que estos jóvenes dicen que es un parque, no es un parque si no una propiedad privada. Este predio hace años fue propiedad del municipio de Guadalajara y fue vendido en el año 2008 por el gobierno municipal siendo presidente Alfonso Petersen. Su cabildo autorizó la venta y este decreto fue avalado por un consejo del que por cierto formaba parte la Universidad de Guadalajara. Los dueños de este terreno están en todo su derecho de exigir que se aplique la ley contra quienes a su juicio lo invadieron ilegalmente. Es al Poder Judicial, no al Poder Ejecutivo ni al Gobernador, a quien le toca resolver el tema y hacer justicia”, comentó Alfaro.
Para finalizar, el gobernador afirmó que el proceso que enfrentan Javier Armenta, y sus compañeros José Alexis Rojas e Iván Ilich Vladimir, no es por manifestarse si no por una denuncia de hechos presentada por un particular por el probable delito de despojo de inmuebles.