El gobierno de Jalisco informó a través de un comunicado que la situación de personas desaparecidas es una de las más importantes del estado, por lo que confirmó que se encuentra trabajando para que se cumplan las obligaciones establecidas en la Ley de Personas Desaparecidas del Estado, publicada el 5 de marzo de 2021, que incluye diferentes cambios en la operación de las instituciones gubernamentales.
Para el presupuesto de egresos 2022, el gobierno de Jalisco asignó más de 41 millones de pesos para cubrir los gastos de material y operación de esta ley.
Estas obligaciones señalan que durante los primeros 90 días que entró en vigor, la fiscalía estatal debió hacer las adecuaciones necesarias para dar cumplimiento, lo que incluye un consejo ciudadano y un comité coordinador que ya emitió los criterios y medios de verificación para garantizar que el personal que participe en acciones de búsqueda de personas sea capacitada para actuar de forma eficiente y diligente, en términos de la ley general.
Cabe señalar que los gobiernos municipales también tienen participación, por lo que tendrán que proporcionar los recursos suficientes para esta finalidad, además de preparar a sus servidores públicos, que hasta ahora han aperturado 101 células de búsqueda municipales y van por seis más.
Por su parte, la Comisión de Búsqueda también está trabajando en la infraestructura tecnológica necesaria para dar comienzo a operaciones del Registro Estatal, y así contar con un micro sitio en línea para las denuncias e información respecto al tema.
En conjunto con lo anterior, las dependencias estatales implicadas y la fiscalía estatal, mediante el Congreso del Estado, debían armonizar su Ley Orgánica, así como su reglamento, con el propósito de atender lo establecido.
AA