A casi un año de la tragedia ocurrida en el festival Axe Ceremonia 2025, el reclamo de justicia por la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Hernández permanece en una pausa legal que ha impedido la captura de los responsables.
El incidente, que tuvo lugar en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, dejó al descubierto graves omisiones en materia de seguridad que, a pesar de las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), aún no derivan en ninguna detención formal.
Berenice y Miguel acudieron al Axe Ceremonia como fotógrafos y prensa
Todo comenzó la tarde del 5 de abril de 2025, cuando una estructura metálica sostenida por una grúa de tijera colapsó repentinamente sobre un grupo de asistentes cerca de las 18:00 horas.
La estructura consistía en un espectacular decorativo con la imagen de un oso, el cual era promovido por el festival como un punto de encuentro seguro para que los amigos se ubicaran en el recinto.
Bajo este peso fallecieron Citlali Berenice Giles Rivera, de 28 años, y Miguel Ángel Rojas Hernández, de 26 años, quienes se encontraban cubriendo el evento para el medio de comunicación musical Mr. Indie.
Ambos jóvenes eran parte de la comunidad de la FES Aragón de la UNAM, donde Berenice estaba a punto de titularse tras concluir un diplomado que ella misma costeaba con su trabajo, mientras que Miguel aún cursaba sus estudios en la licenciatura de Comunicación y Periodismo.
Tras el impacto, las víctimas sufrieron traumatismo craneoencefálico y fracturas múltiples, llegando sin signos vitales al Hospital General Dr. Rubén Leñero a pesar de los esfuerzos de reanimación en el sitio.
Irregularidades operativas y respuesta gubernamental ante el caso de Axe Ceremonia
La respuesta de las autoridades no se hizo esperar, y para la madrugada del 6 de abril, la alcaldía Miguel Hidalgo y el Invea colocaron sellos de suspensión en el Parque Bicentenario, cancelando la jornada del domingo del festival.
Las investigaciones iniciales revelaron que las grúas involucradas en el accidente no estaban autorizadas ni formaban parte del plan de Protección Civil presentado originalmente, por lo que según la alcaldía, fueron instaladas de último momento por los organizadores privados sin notificación previa.
Ante la gravedad de los hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de gobierno Clara Brugada también se hicieron notar y exigieron una investigación a fondo para evitar la impunidad.
Por otro lado, hacia finales de abril de 2025, la fiscal Bertha Alcalde Luján confirmó que se investigaba a cuatro empresas clave, incluyendo a la organizadora del evento y a la concesionaria del parque.
Sin embargo, el proceso enfrentó sus primeros obstáculos legales cuando un juez federal otorgó una suspensión provisional a Diego Jiménez Labora, fundador de Grupo ECO, protegiéndolo de cualquier orden de aprehensión inmediata a cambio de una garantía económica.
No obstante, el golpe administrativo más fuerte ocurrió el 23 de mayo de 2025, cuando se oficializó el rescate de la concesión del Parque Bicentenario, retirando la administración a la empresa Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP por incumplir con la seguridad de los asistentes y entregando el control a la Secretaría de Cultura.
Sin detenidos por el incidente en el Axe Ceremonia; sigue sin iniciar el proceso judicial
Al cumplirse casi un año de los hechos en marzo de 2026, el proceso judicial se encuentra detenido antes de iniciar su etapa formal.
La fiscalía ha señalado que la audiencia inicial se ha retrasado debido a recursos interpuestos por la defensa de la familia de Berenice Giles, quienes exigen que se impute también a las empresas Ocesa y Lobo, contra las cuales la dependencia asegura no tener indicios de participación directa en el manejo de la grúa.
La situación se ha complicado aún más con una denuncia por “presuntos delitos de abogados” contra Gerardo Guzmán Jiménez, representante legal de la familia de Berenice.
De acuerdo con lo informado, se le investiga por presentar recursos calificados como "notoriamente improcedentes" que han obstaculizado la judicialización del caso.
Además se le acusa de un posible conflicto de interés al laborar simultáneamente en una dependencia del gobierno capitalino y solicitar que se deslinde de responsabilidades a una de las empresas imputadas.
Mientras estas disputas legales continúan, las empresas que permitieron e instalaron la grúa fuera de la normativa ya enfrentan acusaciones formales por homicidio culposo, pero el caso sigue sin llegar ante un juez para definir sentencias.
TEHV