El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, informó que un Juez de Control de competencia penal decretó la restitución de las instalaciones de la planta Bonafont, ubicada en el municipio de Juan C. Bonilla, a favor de la empresa embotelladora de agua.
En conferencia de prensa, el mandatario estatal sostuvo que el personal de Bonafont ahora cuenta con elementos para volver a ocupar las instalaciones que le pertenecen, esto luego de que elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional desalojaran a integrantes de la agrupación Pueblos Unidos, quienes mantuvieron un plantón durante 11 meses, tras acusar a la fábrica por sobreexplotación de pozos y mantos acuíferos.
"Se llevó a cabo una diligencia judicial no ordenada por el Ejecutivo, lo que sigue es que la empresa restablezca sus operaciones de manera normal y que cualquier reclamo de personas, de organizaciones se lleve a cabo con el diálogo correspondiente", explicó el gobernador.
El gobernador Miguel Barbosa afirmó que se debe cuidar y defender el agua pero con respeto hacia los demás, sin afectar los bienes que pertenezcan a terceros y siempre buscando el diálogo entre sociedad, gobierno y, en este caso, la empresa Bonafont.
"Tiene la empresa que dialogar, tienen autoridades federales que dialogar, tenemos nosotros como gobierno del estado que intervenir en ese diálogo, es así, tiene que prevalecer el cumplimiento de la ley con respeto absoluto a los derechos humanos y con respeto a los bienes", puntualizó el mandatario.
A casi un año del plantón en Bonafont
En marzo de 2021, pobladores del municipio de Juan C. Bonilla clausuraron simbólicamente la planta y montaron un plantón en el exterior, sobre la carretera federal México-Puebla, para exigir la salida de Bonafont al considerar que opera pozos clandestinos y está secando los mantos acuíferos en la zona.
Además, el 8 de agosto los inconformes fueron acompañados por el colectivo Pueblos Unidos e ingresaron por la fuerza al inmueble para tomarlo por la fuerza, ya que afirmaban que tenían el respaldo de 6 mil habitantes de la región que no estaban de acuerdo con la presencia de la embotelladora de agua, por lo que ocuparon las instalaciones en un centro comunitario denominado "Altepelmecalli" o "La Casa de los Pueblos".
Durante las primeras horas de este 15 de febrero, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Guardia Nacional (GN) desalojaron a los activistas para recuperar el inmueble.
IGO