En medio de la advertencia que data del 2021 de la sobre saturación de Simeprode, el Estado busca por tercera ocasión quién realice un dictamen para determinar la vida útil del confinamiento y planta de biogás de Salinas Victoria.
Se trata de la tercera licitación, en menos de un mes, que se publicó en el Periódico Oficial, cuyo fallo definitivo será el 28 de septiembre y días después deberá firmarse el contrato.
Las primeras dos licitaciones fueron fallidas.
El 14 de agosto, el organismo declaró desierto un primer concurso después de que las empresas interesadas fueron descalificadas al no cumplir con diversos requisitos establecidos en las bases.
Para el 24 de ese mismo mes lanzó una nueva licitación, pero tampoco prosperó.
A decir de Simeprode, el relleno cuenta con 212 hectáreas para su operación y diariamente recibe 5 mil 900 toneladas de basura, de las cuales sólo mil 200 son clasificadas debido a la insuficiencia de sus instalaciones.
En agosto del 2021 se declaró que al Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (Simeprode) le quedan 16 años de vida útil, sólo si se concretaban inversiones millonarias.
En ese entonces, las opciones iban desde nuevas plantas tratadoras, o bien, un nuevo sitio de disposición final, el cual tendría que estar a unos 30 ó 40 kilómetros fuera del área metropolitana para cumplir con normas de la Semarnat.
Pero la polémica no es ajena a las autoridades actuales. Al inicio de este mes, diputados locales retomaron el tema y aprobaron reformas a la Ley para la Gestión Integral de Residuos, que abre la puerta a que los municipios puedan privatizar el reciclaje de basura.
La decisión tuvo respuesta: al menos 100 trabajadores de Simeprode realizaron un plantón por más de tres horas y durante su protesta insultaron a varios diputados, a quienes incluso les obstruyeron el paso vehicular.
Además camiones con desechos fueron descargados al exterior de domicilios de familiares de un par de legisladores.
En junio y en medio de una disputa entre el Gobierno del Estado y alcaldes del PRI y el PAN, la Secretaría del Medio Ambiente estatal suspendió la operación de la planta de transferencia de desechos sólidos del municipio de Guadalupe.
Y en octubre del año pasado, trabajadores sindicalizados de Simeprode vaciaron unas 50 toneladas de desechos al exterior del Congreso en protesta contra la propuesta de nueva Ley para la Gestión Integral de Residuos que había sido aprobada en Comisiones.
bimc