Sin dar una estimación de pérdidas, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Monterrey), Fernando Canales Stelzer, informó que tuvieron un acercamiento con el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, para revisar las ventajas y afectaciones que tendrán las obras que se realizan en el Arco de la Independencia.
Aunque señaló que los comerciantes tenían conocimiento del proyecto, Canales dijo que es importante que el municipio cumpla con los tiempos de entrega.
"Sabemos que toda inversión y más en un centro histórico... pues cuesta sacrificios", señaló Canales, "sabemos que va a haber sacrificios, que va a haber costos, pero una vez que quede todo mundo va a salir beneficiado".
"Lo que nos han pedido (los comerciantes) es que ayudemos a coordinar con los contratistas y el municipio para que haya carriles especiales".
Descartó que las obras vayan a afectar las ventas por el Buen Fin, que se realizará del 17 al 20 de noviembre.
"Estimamos que podamos llegar a los 15 mil millones de pesos (por el Buen Fin)", agregó, "a pesar de las adecuaciones que se están haciendo en el Centro de Monterrey".
Canaco impulsa Ley para procedimientos administrativos
Para que se aceleren los procesos administrativos y caduquen sanciones que hace el Gobierno del estado y los municipios a empresas, la Canaco Monterrey presentó en el Congreso local la nueva Ley de Procedimiento Administrativo del Estado.
Fernando Canales, presidente de la Canaco, explicó que la propuesta es para evitar que se archiven multas a empresas y luego pasen algunos años y las administraciones las quieran cobrar.
"Había muchas quejas de procesos que quedaban en el aire", explicó Canales, "después cambiaban de administración y llegaba Protección Civil, (Secretaría de) Medio Ambiente y como no hay una ley general del procedimiento te empezaban a multar por hechos ocurridos en el pasado que difícilmente te podías defender".
El proyecto de Ley establece que dicha legislación local regule los procedimientos administrativos llevados a cabo ante las autoridades municipales y estatal. Dado que esto representa un problema importante para todos los gobernados en el Estado de Nuevo León, que los deja en un estado de incertidumbre legal, afectándolos en sus derechos y obligaciones.
Asimismo, en la primera parte del proyecto de Ley se plantea regular el ámbito de aplicación de la Ley y se definen los principios por los que se debe de regir el procedimiento administrativo.
Además, se desarrolla los supuestos de la inactividad administrativa y los supuestos aplicables a la negativa ficta.
En el tema de las visita de verificación, se establecen los elementos mínimos a tomar en cuenta en las órdenes de visita y en las actas que al efecto emita la autoridad, así como también se establecen los derechos de los particulares dentro del procedimiento de visita.
Por último, en el documento se menciona que con la finalidad de que los gobernados cuenten con un medio de impugnación para hacer frente a los actos de la autoridad administrativa, se contempla el recurso de revisión a través del cual el interesado podrá combatir actos y resoluciones definitivas emitidas por las autoridades administrativas.
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