A más de tres años y medio de su asesinato, el caso de Cecilia Monzón sigue siendo tema de protesta ante la ausencia de justicia. En Puebla, colectivos feministas señalan que, además del feminicidio, la violencia de género institucional es latente en un país donde los imputados hacen uso de múltiples tácticas dilatorias para evadir la ley.
En conferencia de prensa este domingo, múltiples colectivos alzaron la voz para exigir justicia para Cecilia Monzón.
Sustentan sus solicitudes en la Guía para el Acceso a la Justicia con Perspectiva de Género de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, documento que establece obligaciones al Estado mexicano en materia de debida diligencia, celeridad procesal y garantía plena de los derechos de las víctimas.
Según las activistas, ninguna de estas obligaciones se ha cumplido en el caso.
"Desde actos de dilación por parte de la defensa legal, amparos infundados, ataques mediáticos e incluso la cancelación de sentencias por violencia familiar, son aspectos que no pueden repetirse en la procuración de justicia del país", advirtieron. Señalaron que la revictimización ha sido el estandarte en el proceso contra Javier "L", el principal imputado.
Un patrón de impunidad y dilación en el caso de la abogada
Los colectivos feministas enfatizaron que este caso no es aislado, sino que refleja un patrón estructural.
La violencia de género institucional se manifiesta en la lentitud de los procesos, la minimización de la gravedad de los hechos y la falta de capacitación con perspectiva de género entre los operadores de justicia.
Esta inercia institucional, argumentan, crea un terreno fértil para la impunidad y envía un mensaje peligroso a la sociedad.
La estrategia de la defensa, caracterizada por recursos legales repetitivos y apelaciones a aspectos formales antes que al fondo del caso, ha logrado posponer de manera sistemática el juicio.
Esta dilación no solo niega justicia a la víctima y su familia, sino que agota emocional y económicamente a quienes exigen justicia, en un claro ejemplo de revictimización secundaria.
Exigen al sistema de justicia hacer valer la ley en este caso
Ante este escenario, los colectivos presentaron exigencias concretas a las autoridades.
Piden la aplicación estricta de la perspectiva de género en cada fase de la investigación, incluyendo un análisis interseccional que considere todos los factores de vulnerabilidad.
También demandan sanciones para el funcionariado que incurra en omisiones o negligencias, y una coordinación efectiva entre los poderes locales y federales para evitar la fragmentación de las responsabilidades.
De manera directa, hicieron un llamado a la Fiscalía de Puebla para que "dé lo mejor de sí" en la recta final del proceso judicial.
Finalmente, instaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales y a no caer en las "falsas versiones" emitidas por el presunto victimario y sus defensores, una práctica común en casos de violencia de género que busca desviar la atención y desacreditar a la víctima.
La lucha por Cecilia Monzón se ha convertido en un símbolo de la batalla más amplia contra la impunidad en los feminicidios en México.
ERV