Aun cuando se trate de delitos graves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a los jueces del país a revisar todos los casos en los que un imputado cumpla dos años de prisión preventiva sin que se le dicte sentencia y se justifique si debe permanecer con dicha medida cautelar.
Con el Sistema Acusatorio Penal que parte de la base de presunción de inocencia, la prisión preventiva es la más severa de las medidas cautelares y es aplicable en 16 delitos:
- Abuso o violencia sexual contra menores
- Delincuencia organizada
- Homicidio doloso
- Feminicidio
- Violación
- Secuestro
- Trata de personas
- Robo a casa habitación
- Uso de programas sociales con fines electorales
- Corrupción
- Robo a transporte de carga
- Huachicoleo
- Desaparición forzada
- Delios cometidos con armas y explosivos
- Delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército
- Delitos graves
En Nuevo León, actualmente 3 mil 003 personas tienen prisión preventiva. 89 pasan de los dos años con esta medida cautelar.
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La mayoría de los asuntos se resuelven antes de llegar a ese límite, informó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia en Nuevo León, Arturo Salinas Garza.
“Todos los que llegan a ese período de dos años, los menos. La mayoría de los asuntos se resuelven antes de los dos años y es un porcentaje pequeño de los que llegan a esta”.
Ahora, los jueces penales de todo el País, tanto federales como locales, deberán seguir los criterios de la Corte al revisar si mantienen presos a los procesados: La complejidad del asunto, que incluye las características del hecho delictivo, la extensión de las investigaciones y la dificultad probatoria; la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades, es decir, si han buscado entorpecer el proceso.
A decir del magistrado presidente, estos cambios benefician a la justicia en el país sin embargo aún hace falta un cambio en la conciencia del ciudadano para entender que la justicia no sólo se da con la prisión preventiva de los acusados.
mvls