La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco emitió tres nuevas recomendaciones (35/2025, 36/2025 y 37/2025) dirigidas a diversas autoridades municipales y estatales.
Estos documentos surgen tras investigaciones que acreditaron violaciones graves como tortura, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de seguridad en Zapopan, Tonalá, Unión de San Antonio y San Diego de Alejandría, con el fin de garantizar el acceso a la verdad y la justicia para los afectados.
¿Por qué se emitieron recomendaciones a autoridades de Jalisco?
Uno de los casos más críticos documentados es la Recomendación 36/2025, que involucra a la Comisaría de Zapopan y a la Fiscalía del Estado.
La investigación acreditó que una persona fue víctima de tortura sistemática durante un periodo de arraigo que se prolongó por un mes, donde fue coaccionada para autoinculparse sin asistencia legal.
Entre las prácticas documentadas por el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU se encuentran posiciones forzadas, aislamiento y actos de degradación sexual.
Por otro lado, la Recomendación 35/2025 señala a la policía de Tonalá por agredir a un ciudadano durante una "revisión de rutina" en septiembre de 2024.
La víctima sufrió la pérdida de piezas dentales y fue trasladada a un lote baldío bajo amenazas con armas de fuego y despojo de pertenencias. La CEDHJ concluyó que los oficiales incurrieron en violaciones directas a la libertad personal y la integridad física.
Finalmente, la Recomendación 37/2025 aborda hechos en Unión de San Antonio, donde policías ingresaron a un domicilio sin orden judicial tras un altercado por una motocicleta estacionada.
Durante el incidente, se agredió tanto al propietario como a una persona que intentó videograbar la detención.
Estas recomendaciones se suman a otras que se realizaron durante el 2025.
¿Qué implican las recomendaciones de la CEDHJ?
Es fundamental entender que estas recomendaciones de la CEDHJ no son meros señalamientos, sino instrumentos para la protección de derechos.
En este cierre de 2025, la comisión ha solicitado a los ayuntamientos y a la fiscalía de Jalisco acciones concretas para la reparación integral, que incluyen:
- Inscripción en el Registro Estatal de Víctimas: Para asegurar que los afectados reciban atención médica y psicológica especializada de forma gratuita.
- Garantías de no repetición: Fortalecimiento de la capacitación en materia de derechos humanos y prevención de la tortura para todos los elementos operativos.
- Sanciones administrativas y penales: El inicio de procedimientos de responsabilidad en contra de los agentes involucrados y la integración de las recomendaciones en sus expedientes laborales.
La reparación del daño busca, además de la rehabilitación, medidas de satisfacción como disculpas públicas y cambios en las prácticas administrativas para evitar futuras vulneraciones.
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