La Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) detuvo a un hombre identificado como Andrés 'N' por vender a su hija de 12 años de edad a un sujeto adulto en el municipio de San Andrés Larráinzar.
El padre de la menor recibió un pago de 25 mil pesos a cambio de obligar a la niña a vivir con el comprador en el paraje Tres Puentes.
Tras una denuncia presentada por la madre de la víctima, las autoridades rescataron a la adolescente y capturaron al presunto responsable, quien ya fue enviado a un centro de justicia en Tuxtla Gutiérrez.
¿Qué es la cohabitación forzada?
La cohabitación forzada es un delito que ocurre cuando una persona obliga a un menor de edad o a un adulto a vivir en pareja o tener una relación con alguien más, generalmente mediante el uso de la fuerza, amenazas o aprovechándose de su situación económica.
Anteriormente, en algunas zonas, estos actos se ocultaban bajo el nombre de "usos y costumbres".
Sin embargo, las autoridades de Chiapas aclararon que ninguna tradición está por encima de los derechos de los niños y las mujeres.
Este caso es histórico porque es el primero en ser judicializado bajo esta figura. Judicializar un caso significa que la policía y los abogados del gobierno ya presentaron todas las pruebas ante un juez para que se inicie un juicio formal.
De acuerdo con el informe del fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, la menor de 12 años permaneció cerca de un mes viviendo con el hombre que pagó por ella.
Durante ese tiempo, la niña estuvo en condiciones de vulnerabilidad hasta que la intervención de la fiscalía permitió su localización.
La investigación señala que el delito se dio en un contexto de:
- Dependencia económica: El uso de dinero (los 25 mil pesos) como motivo para entregar a la niña.
- Presión familiar: El padre utilizó su autoridad para obligar a la víctima a abandonar su hogar.
- Vulnerabilidad indígena: El suceso ocurrió en un municipio con población mayoritariamente indígena, lo cual es un factor que la ley ahora toma en cuenta para aumentar los castigos.
Chiapas es actualmente el único estado de México que tiene este delito anotado en su Código Penal desde febrero de este año. Las sanciones normales por cohabitación forzada van de los 8 a los 15 años de cárcel.
No obstante, debido a que la víctima es una niña perteneciente a una comunidad originaria, la Fiscalía anunció que solicitará la pena máxima.
Esto significa que el padre y el hombre que compró a la menor podrían pasar hasta 30 años en prisión.
La autoridad estatal enfatizó que no habrá impunidad y que se mantendrá una vigilancia estrecha en las regiones donde esta práctica es recurrente.
SCM