Al registrar más de 12 asesinatos en un año, colectivas transexuales de Nuevo León comenzaron esta mañana un plantón de 24 horas para exigir a los Diputados que tipifiquen el delito de transfeminicidio.
Al “tomar” el Congreso local, Ana Eugenia Rodríguez, vocera de las colectivas, dijo que a partir de hoy comenzarán actividades relacionadas con la comunidad trans.
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También acusaron que los partidos políticos utilizan a la comunidad LGBT+ para candidaturas en el elecciones.
“Los vemos hasta en la marcha arriba de los camiones, marchando, promoviendo los derechos, pero ningún partido ninguno ha decidido apoyar leyes que hablen de los derechos de la población.
“Las bancadas locales que representan los partidos usan los colores cada junio y no hacen nada por nosotras”, señaló Rodríguez.
Advirtieron que, de ser necesario, realizarán cierren viales en principales avenidas del Centro de Monterrey, además de irrumpir en eventos deportivos como en el futuro Mundial 2026.
Se espera que el plantón concluya mañana y fijen postura.
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¿De qué sirve tipificar un delito en México?
La tipificación de delitos es un pilar esencial del sistema de justicia penal en México, pues garantiza la seguridad jurídica al definir con claridad qué conductas son consideradas ilícitas y cuáles son sus consecuencias.
Funciona bajo el estricto Principio de Legalidad, lo que significa que nadie puede ser sancionado por un acto que no esté explícitamente prohibido por una ley preestablecida.
Esto protege a la ciudadanía de la arbitrariedad, asegurando que las autoridades actúen solo con base en descripciones legales específicas.
Esta función legal es fundamental para el desarrollo de cualquier proceso judicial.
La tipificación actúa como el eje central, permitiendo a los operadores de derecho, jueces, fiscales y abogados, analizar los hechos y determinar si se adecúan a un tipo penal específico.
Sin esta descripción legal detallada, no existe delito que perseguir.
De esta manera, al clasificar los crímenes, también se sientan las bases para el diseño de políticas públicas de prevención y para la asignación de sanciones justas y proporcionales a la gravedad de la conducta.
rcm