Los Comités de Participación Ciudadana de México alistan promover un juicio de amparo ante la iniciativa que envió el Presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados que busca desaparecer la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y trasladar las funciones de 17 órganos desconcentrados y descentralizados a diversas secretarías de estado y unidades administrativas.
Andrea González, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, durante el programa CAMBIOS conducido por Miguel Ángel Puértolas; compartió que, esta iniciativa merma de manera completa la participación ciudadana, por lo cual, se espera que haya apertura, mesa de diálogo o por lo menos escuchar lo que representa si se autoriza esta iniciativa.
Indicó que, la estrategia para proteger y defender la causa es uno de los puntos más importantes que estarán revisando la siguiente semana en su reunión nacional de comités, así lo dijo la presidenta del CPC.
“Por supuesto, no nada más Guanajuato, estaremos en sesión nacional el 29 de este mes en Acapulco es la reunión nacional del sistema nacional anticorrupción y uno de los puntos importantes que tendremos que abordar como comités de participación ciudadana, como presidentes con el cpc nacional es la estrategia para proteger y defender la causa que serán definitivamente los amparos por parte del comité nacional pero también todos los estados”, declaró Andrea González.
Buscan apertura de la federación
Además, resaltó la importancia de que haya apertura por parte de la federación, dado que, al ser una ley federal, la homologación de los estados y el Comité de participación ciudadana nacional y a nivel estatal va en cascada; ante ello, tendrán que hacer uso de la protección de sus derechos.
“Tendremos que comprobar también que se nos afecta los derechos que nos da la constitución porque se merma la participación ciudadana por completo entonces también habría ahí que también tengamos la defensa por la parte constitucional y ojala que la corte lo atraiga”, externó Andrea González.
Y es que de acuerdo a un análisis realizado por la Secretaría Ejecutiva nacional su desaparición, vulnera la división y el equilibrio entre los integrantes del Comité Coordinador y lo conducente a los Órganos Internos de Control en los tres órdenes de gobierno; lo cual resulta clave para un combate a la corrupción basado en una comprensión sistemática del fenómeno, así como en la responsabilidad compartida para su control.
Política de austeridad busca tocar al SNA
Pese a que uno de los motivos que menciona la federación para desaparecer la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), es por la política de austeridad, Andrea González, precisó que realmente no es así cuando se analiza la iniciativa, debido a que hay una absorción de ese recurso a la administración federal.
“En todo este bloque de iniciativas para quitar las autonomías, los institutos descentralizados, las unidades administrativas, no hay la eliminación del recurso, en ninguna, hay una absorción de ese recurso a la administración federal”, dijo.
Detalló las consecuencias internacionales y los problemas de cumplimientos que van a afectar a la competitividad, mercados, comercio, al aprobarse esta reforma.
“Las consecuencias internacionales que se van a venir después de que hayan pasado esa reforma y que se den cuenta que realmente la participación ciudadana pierde todo el efecto de coordinación de propuesta, de realmente ser el que preside todo un sistema pierde toda efectividad”, concluyó Andrea González.
Por ello previo a la discusión de la iniciativa la Secretaría Ejecutiva a nivel nacional propone “En aras de una discusión legislativa que beneficie a la sociedad mexicana y a sus instituciones públicas se propone, mediante diversos mecanismos como diálogos y parlamento abierto con la Comisión de Gobernación y Población de la H. Cámara de Diputados, construir una iniciativa robustecida que, al tiempo que refuerce el trabajo del Sistema Nacional Anticorrupción, ponga en relieve el liderazgo y compromiso del Ejecutivo Federal en materia de combate y control de la corrupción”.