Luego que el gobierno municipal de San Miguel de Allende, expusiera el retraso de la audiencia en la que se resolvería otorgamiento o no de la suspensión definitiva al consejo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Miguel de Allende (Sapasma) nombrado por el presidente municipal, Mauricio Trejo, por una presunta omisión de parte del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), el órgano jurisdiccional rechazó el hecho tras asegurar que no hubo tal descuido.
“...a esta fecha el Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, Propietario de la Primera Sala de este órgano jurisdiccional, no ha omitido enviar informe alguno que le haya sido solicitado, requerido o notificado a su Sala de adscripción por instancia jurisdiccional federal, como lo asevera la información publicada por Grupo Milenio con fecha del 6 de abril de 2022”.
De acuerdo al número de expediente 425/2022 radicado en los juzgados de distrito, el diferimiento de la audiencia se debió a que no se dio aviso en tiempo a la Primera Sala del TJA por lo que la audiencia incidental se realizará el próximo 20 de abril según el aviso publicado en la página web del Consejo de la Judicatura Federal.
“Visto el estado procesal de los autos del presente incidente de suspensión, se advierte que no obra el informe previo de la autoridad responsable residente en Silao de la Victoria, Guanajuato, así como tampoco el acuse de recibo del oficio por medio del cual se le solicitó.- DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA INCIDENTAL. A efecto de dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia incidental y se señalan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que se lleve a cabo su desahogo” señala el escrito.
- Comunidad
Por su parte el TJA Guanajuato, sostuvo que siempre se ha mostrado respetuoso, y así se mantendrá respecto a todas las instituciones judiciales y administrativas del orden federal, estatal o municipal; dirimiendo las controversias de su competencia únicamente en el marco de los procesos jurisdiccionales establecidos.
“La impartición de justicia es un derecho humano fundamental que requiere de probidad y respeto irrestricto de las personas, normas e instituciones. La ciudadanía puede tener la plena confianza que sus derechos se encuentran protegidos por esta institución jurisdiccional, así lo demuestra el dato objetivo que, de cada 100 demandas, 75 se resuelven a favor de los ciudadanos que ven vulnerados sus garantías o derechos humanos en todo el territorio del Estado de Guanajuato” señaló el Tribunal mediante un escrito dirigido a este medio.