El magistrado José Luis Álvarez Pulido, Presidente del Poder Judicial, confirmó que se desarrollan las audiencias para definir la situación jurídica de diversas personas capturadas.
La fiscalía estatal agotó los plazos legales para presentar a los implicados ante los jueces de control correspondientes. El titular del Poder Judicial enfatizó que el sistema de justicia se mantiene atento para aplicar la ley.
¿Cuáles son los delitos específicos que el Poder Judicial podría imputar a los detenidos por los bloqueos?
Álvarez Pulido detalló que 13 personas enfrentan cargos variados que incluyen ataques a las vías de comunicación y daño en las cosas. Asimismo, se les atribuyen delitos contra representantes de la autoridad, narcomenudeo y homicidio calificado en grado de tentativa.
El magistrado aclaró que las acusaciones dependen de las pruebas presentadas por la fiscalía para cada caso individualizado de violencia. No a todos se les imputan los mismos cargos, pues las responsabilidades se fincan conforme a la participación registrada el domingo.
Además de estos casos, se confirmó que 18 personas han sido consignadas por incurrir en saqueos de tiendas y supermercados locales. Estos individuos aprovecharon el vacío de seguridad para realizar actos de rapiña, por lo que también enfrentarán procesos penales inmediatos.
Hasta el momento no se cuenta con nuevas órdenes de aprehensión por ejecutar, aunque se espera la posible llegada de más implicados. Los jueces cuentan con un plazo constitucional para resolver si los detenidos serán vinculados a proceso.
¿Qué medidas institucionales se aplican para garantizar que no exista impunidad?
El Poder Judicial se reporta en alerta permanente para recibir nuevas puestas a disposición por parte de las autoridades investigadoras estatales. La prioridad es asegurar que cada actuación judicial respete los derechos humanos.
Álvarez Pulido descartó mandamientos judiciales adicionales de forma inmediata, pero reiteró la disposición de los jueces para actuar ante nuevos hallazgos.
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La coordinación entre la fiscalía y los tribunales busca que las responsabilidades se finquen de manera sólida y con pruebas contundentes. La sociedad jalisciense espera que las sanciones correspondan a la magnitud de los daños causados.
Finalmente, el magistrado aseguró que el Poder Judicial vigilará estrictamente que los procesos no presenten fallas técnicas que permitan liberaciones injustificadas.
MQ