El presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego 'N', enfrenta acusaciones por su presunta participación en delincuencia organizada y secuestro agravado. Las investigaciones señalan que el edil operaba bajo el amparo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para mantener el control político.
Este viernes se realizó la audiencia inicial en el juzgado de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. La Fiscalía General de la República (FGR) también imputó a los directores de Seguridad Pública y de Catastro por los mismos hechos delictivos.
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¿Cómo operaba la red de secuestro para influir en el proceso electoral del municipio?
La FGR acusó a los tres sujetos de delincuencia organizada con fines de secuestro tras hechos ocurridos durante el proceso electoral de 2021. Presuntamente, los señalados privaron de la libertad a Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez, entonces precandidatos de Morena.
De acuerdo con la investigación, ambas víctimas fueron obligadas a firmar sus renuncias a las postulaciones por instrucción directa del ahora alcalde detenido. En su lugar, se impuso a Juan Gabriel 'N', quien actualmente funge como Director de Catastro y Predial en Tequila.
Para concretar la imposición de perfiles, Diego 'N' habría utilizado a un notario público y a su estructura delictiva para validar las renuncias forzadas. Estos datos de prueba fueron presentados ante el juez de control durante el desahogo de las primeras diligencias judiciales.
La Fiscalía presentó entrevistas, escuchas telefónicas e informes que revelan cómo el alcalde favorecía financieramente a la organización criminal predominante en la entidad.
¿Qué otros delitos se les imputan y cuál es su situación jurídica actual?
Sobre el delito de secuestro agravado, la acusación recae específicamente contra Diego 'N' y Juan Manuel 'N', actual Director de Seguridad Pública municipal. Se les señala por haber privado de la libertad a un comerciante local que se negó a pagar derecho de piso.
Durante la comparecencia, se ventilaron diversos informes que sustentan la red de extorsión que operaba desde el ayuntamiento de Tequila. La defensa de los tres funcionarios solicitó la duplicidad del término constitucional a 144 horas para presentar sus argumentos, sin embargo, el próximo 10 de febrero es cuando se citó a una segunda audiencia.
El juez de control determinó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para los tres involucrados en la red criminal. Por lo tanto, los imputados deberán permanecer recluidos en penales de máxima seguridad.
La reanudación de la audiencia se llevará a cabo para determinar si existen elementos suficientes para iniciar un juicio formal contra los servidores públicos. El caso ha generado una fuerte sacudida en la estructura gubernamental del Pueblo Mágico y del estado de Jalisco.
MQ