Una fuerte movilización de las fuerzas de seguridad sorprendió a los vecinos de la colonia Nueva Vizcaya de Durango la mañana de ayer, luego de que un reporte al sistema de emergencias C5 encendiera las alarmas por la presunta privación ilegal de la libertad de un hombre en plena vía pública.
Todo comenzó cerca de las 10:30 horas, cuando un ciudadano alertó a las autoridades sobre un incidente en la avenida 20 de Noviembre, casi esquina con Rodríguez de Viveros.
El denunciante relató con angustia haber visto cómo un hombre era bajado a la fuerza de un vehículo gris para ser subido, bajo presión, a una camioneta de doble cabina.
Ante el escenario, el temor a un posible “levantón” se propagó rápidamente, provocando un despliegue operativo inmediato de diversas corporaciones policiacas.
La aclaración
Tras un rápido rastreo en la zona, los agentes lograron interceptar la unidad señalada: una camioneta Ford Raptor color naranja con placas del estado de Durango. Al realizar la inspección, se confirmó que el vehículo pertenecía al centro de rehabilitación “Alas de Vida”.
Las autoridades esclarecieron que el operativo no se trataba de un acto delictivo, sino del traslado formal de M.E.M.N., de 41 años de edad, quien padece problemas de adicción y estaba siendo canalizado para recibir atención y tratamiento especializado dentro de dicha institución.
Para despejar cualquier duda, los agentes corroboraron que el procedimiento contaba con la autorización plena de un familiar directo, quien estaba al tanto del internamiento.
Ante la evidencia, las autoridades descartaron cualquier comisión de un delito y precisaron que la intervención, aunque aparatosa, formaba parte de las actividades regulares del centro para asegurar la integridad y el inicio del proceso de recuperación del paciente.
¿Es legal anexar a un mayor de edad sin su consentimiento?
Es importante señalar que, aunque en este caso se aclaró que existía una autorización familiar, la práctica de realizar traslados forzosos o "anexos" mediante el uso de la fuerza pública o privada presenta un vacío legal y diversas controversias éticas en México.
Bajo la actual legislación mexicana y los estándares internacionales de derechos humanos, la privación de la libertad de una persona —incluso con fines terapéuticos— sin su consentimiento informado o una orden judicial que lo justifique, puede contravenir el derecho al libre tránsito y a la integridad personal.