El ataque armado del defensor de los espacios pertenecientes a la comunidad de Santa Cruz de las Huertas del municipio de Tonalá, Saúl Castañeda Villafuerte, fue condenado por 40 organizaciones civiles de seis estados del país.
Ante lo sucedido, exigieron al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, así como al fiscal Gerardo Octavio Solís, y al responsable municipal, Sergio Chávez, que realicen las investigaciones correspondientes para encontrar a los responsables de dicho ataque.
“Fui objeto de una agresión a las afueras de mi casa el pasado 23 de noviembre en la colonia Santa Cruz de las Huertas, Tonalá, Jalisco, sujetos no identificados balearon mi casa dañándole herrería de la puerta y mampostería”, dijo Saúl, quien añadió que él y su familia no se encontraban en casa durante los hechos ocurridos.
Saúl y su organización Colectivo Foco Tonalá, defienden los espacios que pertenecen a la comunidad y buscan la aprobación de los particulares desde hace cuatro años. El defensor explicó que entre los lugares que protegen se encuentra el manantial El Barro, uno de los más importantes nacimientos del río Osorio, ubicado a la altura de la Central Nueva de Autobuses, por lo que no ha sido la primera vez que sufre este tipo de amenazas.
“Hace un año nos dejaron un animalito muerto afuera de mi casa con un mensaje relacionado a que no nos anduviéramos metiendo en camisa de once varas con ellos”, mencionó Saúl.
Por su parte, Celestino Ortega Hernández, expresó que quienes se apropiaron del manantial El Barro, dicen ser los dueños desde hace poco más de tres años. También cuestionó que las administraciones pasadas del ayuntamiento permitieron que invadieran el terreno, además de que la zona se encuentra enmallada y el acceso está prohibido hasta la fecha.
“Cómo es posible que estas personas que ya las conocemos, las conozco, no son ni del pueblo y además tienen otros cinco terrenos invadidos y como desde el 2017 dicen que ya son ellos los dueños, hasta dónde ha llegad la corrupción, la impunidad y el abuso de poder”, expuso Ortega.
Ante los hechos ocurridos, se interpuso una denuncia en la fiscalía del estado de Jalisco, además se solicitó al director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses con la intención de realizar un dictamen de valoración de los daños a la finca donde vive Saúl y su familia. Y la Comisión Estatal de Derechos Humanos pidió a las autoridades llevar a cabo las investigaciones para dar con los autores materiales e intelectuales de este atentado.
Por último, Saúl expuso que es responsabilidad de las autoridades atender este tipo de problemáticas que sufre la comunidad de Santa Cruz de las Huertas, debido a que les parece injusto que personas que se sienten protegidas por administraciones pasadas roben lo que ellos defienden; agua y territorio.
AA