En el estado de Guanajuato, en lo que va del sexenio (2018-2023) se ha registrado un incremento de 5 mil 661 por ciento en denuncias recibidas ante la Fiscalía General del Estado por el delito de extorsión.
Estas cifras obtenidas a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, muestran que al cierre del 2018 en Guanajuato se registraban apenas 13 carpetas de investigación iniciadas por el delito de extorsión.
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Sin embargo, con corte al mes de noviembre del 2023 suman 736 carpetas por este delito en sus distintas modalidades, directa o indirecta, telefónica, cobro de piso o hasta por redes sociales, lo cual ya marca un incremento importante con respecto al año previo en un 40 por ciento, por lo que el 2023 cerrará como el año con mayor número de extorsiones en la historia de la entidad.
De manera desglosada año por año, se tiene que al cierre de 2018 en Guanajuato se habían registrado 13 casos; para el 2019 se incrementó hasta 18; en 2020 la cifra nuevamente creció hasta 17; siendo el 2021 el año que registró el mayor repunte de esta problemática con 291 casos; para el 2022 prácticamente se duplicó con 523 y de enero a noviembre del 2023 ya se rebasó la cifra, llegando a 736.
Si bien, el principal argumento de las autoridades en materia de seguridad en el estado de Guanajuato para responder ante el incremento de carpetas de investigación iniciadas por extorsión, es atribuirlo a una mayor cultura de denuncia y a una reducción de la cifra negra, la respuesta es parcialmente correcta.
Prueba de ello han sido los numerosos casos documentados en el mercado Tomasa Esteves de Salamanca o en la Central de Abastos de Celaya, donde comerciantes han denunciado ante la autoridad y públicamente, los hechos de extorsión y cobro de piso de los que son objeto por parte de células delictivas de grupos criminales. De los cuales, se han derivado otros delitos como lo son secuestros y homicidios en contra de quienes se han rehusado a ceder ante la extorsión.
Por su parte, expertos en materia de seguridad han atribuido el incremento en los casos de extorsión, a que entre 2015 y 2018 la principal actividad económica del cártel local era la extracción de combustible o “Huachicoleo”, pero con el cierre de ductos y persecución de este delito en 2018, mudaron a la extorsión y cobro de piso para mantenerse, situación que se vio recrudecida tras la captura de “El Marro” en agosto del 2020 y que ha persistido para sobrevivir.