Para solicitar justicia y esclarecer la situación de sus familiares, fue que la mañana de este jueves al exterior de las instalaciones del Centro de Justicia penal de Torreón, se manifestaron los familiares de las personas acusadas por el robo al templo mormón de la Colonia Ampliación Los Ángeles y los de dos jóvenes acusados por un homicidio cometido el pasado mes de mayo en el Ejido Atalaya del municipio de Matamoros.
La familia de Daniel N, la mañana de este jueves, volvieron a externar su inconformidad al exterior del Centro de Justicia Penal, donde tras haberse celebrado una audiencia, el imputado quedo bajo prisión preventiva, luego de que su abogada solicitar a la duplicidad de término constitucional, para presentar las pruebas que supuestamente, avalan que Daniel N, no participó en este delito, y mismas de las que Rosa Lozoya, quien es hermana del imputado, señala que las autoridades no quisieron ver y juzgaron sin tener pruebas, ya que presuntamente la Fiscalía General de Coahuila se está viendo presionada por el Consulado de los Estados Unidos para presentar a un culpable, mientras que los verdaderos responsables, asegura, ya fueron detenidos en Gómez Palacio haciendo uso de las tarjetas de crédito robadas, por lo que los familiares de Daniel N piden Justicia.
¿Por qué fue la segunda manifestación?
La segunda manifestación fue con motivo a la supuesta inocencia de Jorge N y Juan N, quienes están siendo acusados por el homicidio de un hombre la tercera edad, cometido el pasado mes de mayo de 2019 en el Ejido Atalaya del municipio de Matamoros, situación por la que se encontraban en arraigo domiciliario, sin embargo, por la declaración de una persona que señalan padece de sus facultades mentales podrían ser procesados por este delito.
Cabe hacer mención que ambas situaciones, se presentaron previo a las audiencias, donde en el caso del robo a los mormones los abogados de Juan José N y Daniel N, solicitaron la duplicidad de término constitucional para poder presentar pruebas a su favor, mientras que los acusados por homicidio podrían pasar varios años en la cárcel por un delito que dicen sus familiares ellos no cometieron.
JECR