La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla se colocó como la institución pública con más denuncias en contra ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la entidad durante el año 2023.
A la fiscalía poblana le sigue la Subsecretaría de Centros Penitenciarios y la Secretaria de Educación Pública (SEP), todas ellas con recursos interpuestos por quejosos.
De acuerdo con el informe emitido por la CDH que corresponde al año 2023, se presentaron un total de tres mil 400 recursos en contra de las autoridades estatales.
En este sentido, se destaca el hecho de que la FGE acumuló un total de mil 37 recursos presentados por presuntas violaciones a las garantías individuales de los ciudadanos, lo que le costó ser la más denunciada.
En segundo lugar con 586 denuncias se colocó la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, mientras que el tercer lugar fue para la SEP Puebla al acumular un total de 308 expedientes.
Denuncian violaciones a los derechos humanos en instituciones de salud de Puebla
En el informe también se señala que la Secretaría de Salud (SS) del estado fue la cuarta más denunciada por presuntas violaciones a los derechos humanos, ya que en todo el año pasado acumuló 191.
Por su parte, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) tuvo 105 recursos.
Respecto a los gobiernos municipales, se informó que el de Tehuacán se colocó como el más denunciado con mi 631, seguido por el de Teziutlán con mil 455 y el de Izúcar de Matamoros con mil 87.
El documento también refiere que la omisión en brindar asesoría jurídica e información sobre el desarrollo de los procedimientos fue la queja más presentada en todas las instituciones, al existir tres mil 602 casos por ello.
Más de mil quejas por indebida prestación del servicio público
Del mismo modo, se contabilizaron mil 215 situaciones en donde se acusó que hubo una indebida prestación del servicio público y 357 acusaciones por no desahogar las diligencias correspondientes en los delitos.
La CDH también reporto 322 casos de acciones y omisiones que transgredieron los derechos de las personas privadas de su libertad, además de 315 donde supuestamente hubo una falta de legalidad, honradez, imparcialidad y eficacia de parte de los servidores públicos.
Bajo este escenario se indicó que en cinco mil 842 casos hubo violaciones al derecho a la seguridad jurídica, mientras que en 290 al trato digno y en 27 al de la igualdad, mencionando también 202 situaciones de vulneración al derecho a la protección a la salud.
EG