El Congreso del Estado de Jalisco avanza en la aprobación de reformas legales para sancionar a los servidores públicos que retiren o destruyan de forma injustificada las fichas de búsqueda de personas desaparecidas.
Sin embargo, esta propuesta, impulsada inicialmente por las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad, ha generado controversia pues se presta a una laguna legal que da por hecho que existen espacios donde está prohibido pegar las fichas de búsqueda. Este viernes 13 de marzo, la diputada Norma López se ha reunido con colectivos para aclarar el tema.
¿Cuál es la reforma legal propuesta sobre fichas de búsqueda en Jalisco?
La iniciativa busca proteger el derecho de las familias a difundir información sobre sus seres queridos en espacios públicos, sancionando a quienes las retiren o impidan el ejercicio de este derecho.
Sin embargo, la redacción actual del dictamen ha encendido alarmas entre colectivos civiles debido a términos ambiguos que podrían interpretarse como restricciones geográficas para la pega de estas cédulas.
El núcleo de la controversia radica en la modificación del artículo 146 del Código Penal y los artículos 4 y 74 de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado.
El texto aprobado en comisiones establece sanciones para quienes impidan la colocación de las fichas de búsqueda en "lugares públicos permitidos" o "espacios públicos no prohibidos", términos que fueron señalados y cuestionados por el diputado independiente Alejandro Puerto.
Por ejemplo: en la definición de ficha de búsqueda, el dictamen señala:
"Cédula o Ficha de Búsqueda: documento oficial generado por la autoridad competente al momento de recibirse una noticia, reporte o denuncia de desaparición o no localización de una persona, que contiene los datos esenciales para su identificación, búsqueda, localización e investigación que puede ser reproducido en papel o en formato digital para colocarse en lugares públicos permitidos."
Además en el artículo 146 señala lo siguiente sobre las sanciones a quienes impidan la colocación de fichas de búsqueda:
"lmpidan la colocación de las cédulas o fichas de búsqueda en medios digitales o físicas en espacios públicos no prohibidos o las borre, manipute, oculte o retire sin causa legal para ello; Las autoridades deberán respetar las cédulas o fichas de búsqueda colocadas en espacios digitales o físicos no prohibidos, si son manipulados o retlrados sin causa justificada por un servidor público, éste será responsable de conformidad a la ley de Responsabilidades Administrativas."
Por otro lado, Héctor Flores, cofundador del colectivo Luz de Esperanza, advirtió también que especificar estos términos podría derivar en una "ley mordaza".
Según el activista, al no existir una legislación que defina con claridad qué es un espacio "permitido", la autoridad podría argumentar arbitrariamente que edificios como el Palacio de Gobierno o el Congreso son sitios prohibidos para la difusión, obstaculizando el derecho internacional de búsqueda.
Diputada asegura que se eliminarán los términos ambiguos
Ante las críticas de los colectivos de familiares, la diputada Norma López Ramírez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, aclaró que existe la disposición de realizar ajustes técnicos al dictamen antes de su votación definitiva en el pleno.
La legisladora de Morena enfatizó que ya se trabajaba en la modificación de la palabra "prohibido" para evitar confusiones legales.
“Eliminar una palabra. Eliminar una palabra que era de los espacios públicos prohibidos, eliminar lo que es prohibido. Situación que lo vi desde antes de la confusión con el diputado Alejandro Puerto... ya se estaba trabajando la modificación desde antes de la manifestación de la inconformidad”.
La legisladora también precisó que, aunque el dictamen inicial mencionaba restricciones en ciertos edificios, la propuesta avalada finalmente busca asegurar que las fichas de búsqueda puedan instalarse en cualquier edificio público sin represalias para las familias.
Cabe señalar que la reforma pretende tipificar la remoción injustificada de cédulas como un delito de abuso de autoridad cometido por servidores públicos.
Actualmente, el Código Penal de Jalisco no contempla sanciones específicas para estas acciones, lo que es visto por los colectivos como una forma de violencia institucional que entorpece la localización de personas.
El compromiso legislativo es que el dictamen final garantice que no habrá "espacios prohibidos" para la memoria y la búsqueda, permitiendo que las cédulas permanezcan en bolardos y edificios públicos como una medida de reparación y acceso a la justicia.
SO