La Fiscalía de Querétaro solicitó una sentencia de tres años de prisión para Esmeralda, y una indemnización a su agresor de 518 mil pesos, la víctima, una menor de 13 años, sufrió un aborto espontáneo luego de un abuso sexual. El caso ha generado indignación a nivel nacional, ya que, en lugar de enfocarse en la detención del agresor, la investigación se centra en penalizar a la menor.
La joven, que quedó embarazada tras una violación cometida por un familiar tres años mayor, enfrenta ahora una acusación de homicidio, en lugar de recibir el apoyo y la protección que su situación amerita.
Colectivos y organizaciones cuestionan actuar de Fiscalía
Las organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas han cuestionado la actuación de la Fiscalía, acusándola de revictimizar a Esmeralda y vulnerar sus derechos. Mayra Dávila, presidenta de la organización feminista Adax Digitales, que representa legalmente a la menor, denunció que este proceso judicial es una muestra de cómo las autoridades del estado siguen sin respetar el derecho de las víctimas, y advirtió que el caso evidencia la grave situación de la justicia en Querétaro, donde no se garantiza la atención a víctimas de abuso y violación.
Claudia Sheinbaum confirma que atienden caso de menor abusada en Querétaro
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Mujeres, Citlalli Hernández, condenaron el proceso y expresaron su apoyo a Esmeralda y su familia.
Hernández afirmó que la Secretaría de las Mujeres ya está en contacto con la familia de la menor y ofrece asesoría legal y psicológica para enfrentar este proceso, calificando el caso como un acto de 'criminalización revictimizante'.
“Nunca más un México donde se criminalice a una mujer, mucho menos a una niña víctima de agresión sexual", expresó Hernández a través de sus redes sociales.
Por otro lado, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, se refirió al caso y justificó la actuación de la Fiscalía, argumentando que la situación que enfrenta la menor se debe a que no se acreditó el contexto de agresión sexual en el expediente de la investigación.
Sin embargo, las declaraciones del fiscal Víctor de Jesús Mendoza, quien asumió su cargo en marzo entre protestas por parte de legisladores morenistas y petistas, han generado aún más críticas. Mendoza indicó que la investigación se enfoca en un supuesto homicidio, no en aborto, lo que ha incrementado las críticas a la Fiscalía por aplicar criterios cuestionables en un caso de vulnerabilidad infantil.
Vulneran derechos y se contradice legislación estatal
Querétaro es uno de los estados que aún penaliza el aborto, a pesar de la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que exige a las entidades federativas despenalizar este procedimiento.
Organizaciones como Adax Digitales han documentado al menos siete carpetas de investigación abiertas en la entidad por aborto, en abierta contradicción a los lineamientos de la SCJN. En este contexto, la situación de Esmeralda no es aislada, sino un reflejo de los obstáculos y riesgos legales que enfrentan las mujeres en Querétaro.
La SCJN ha resuelto que se deben respetar los derechos reproductivos de las mujeres y niñas, y que criminalizarlas constituye una violación de sus derechos humanos.
El caso de Esmeralda ha puesto nuevamente sobre la mesa la necesidad de reformas en las políticas públicas de justicia y protección infantil en México, y del cumplimiento de los derechos humanos en procesos judiciales, sobre todo en los que involucran a víctimas menores de edad.