La jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en Tamaulipas, informó que el caso que involucra a un empresario sampetrino y dos personas más por un presunto fraude de 60 millones de pesos sigue en trámite y no cuenta con una decisión final.
A través de una carta, la juzgadora respondió a los señalamientos del abogado Gabriel Garza, defensor de la parte afectada en una demanda por incumplimiento de inversiones inmobiliarias en Playa del Carmen, esto pese a que en 2021 le fueron presentados renders y maquetas del proyecto.
Duarte Cedillo precisó que la admisión de un amparo y la concesión de suspensiones definitivas forman parte del debido proceso y no implican impunidad.
“Admitir un amparo a trámite y conceder la suspensión no significa exonerar a la persona. Éstas son herramientas legales que cualquier ciudadano puede solicitar para proteger sus derechos y su concesión no detiene las investigaciones”, puntualizó la jueza.
Justificación de competencia y legalidad
Respecto a la jurisdicción del caso, la juzgadora explicó que la demanda fue presentada el 2 de marzo en Tamaulipas, debido a que el imputado y los otros involucrados señalaron como responsables a autoridades con sede en Matamoros al reclamar una orden de aprehensión.
Duarte Cedillo aclaró que, aunque los hechos se vinculan con Nuevo León, dicha información no estaba disponible al momento de admitir la demanda. Ante las críticas por su proceder, descartó cualquier tipo de anomalía y defendió la legalidad de su actuación.
"Esta suspensión concedida no implica un beneficio indebido, pues se actuó con base en la ley aplicable y los principios de legalidad, imparcialidad y profesionalismo", detalló en el escrito.
Por último, añadió que existen mecanismos legales para que un tribunal superior revise e impugne estas decisiones.
hgc