Tras el caso del bebé Tadeo, cuyo cadáver fue exhumado de un panteón en la Ciudad de México y días después (10 de enero) hallado en el penal de San Miguel en Puebla, el gobierno estatal realizó cambios en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y en la dirección del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Puebla.
El gobernador Miguel Barbosa indicó que estas acciones son para revisar la manera en que los directivos obtuvieron el cargo, a fin de remover a aquellos perfiles que pudieran estar coludidos con bandas criminales o cometan actos de corrupción.
"Estamos revisando la condición en la que se están desempeñando los diferentes directores de los distintos centros penitenciarios del estado, a ver cuándo fueron nombrados, quién los nombró, cuáles son sus antecedentes y todo cómo está funcionando, dijimos que íbamos a hacer un barrido y revisión completa, lo estamos haciendo".
Desmintió que Teresa Monserrat Islas Vergara fuera designada como nueva directoral del penal de Huauchinango por la Subsecretaría de Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), pues afirmó que el nuevo encargado de despecho es hombre y no mujer.
Confirmó que la salida de Lenin Ramírez como director de dicho centro penitenciario se dio una vez que la SSP y el alcalde de Huauchinango, Rogelio López Angulo, comprobaron que cometió algunas irregularidades, como usar las instalaciones para resguardar un caballo de su propiedad o cobrar cuotas para que familiares de los reos pudieran ingresar a verlos.
Barbosa aprovechó la ocasión para respaldar la designación de María del Rayo Mendoza Farfán como nueva directora del penal de San Miguel, a quien le recalcó su apoyo y confianza al considerar que es una mujer preparada para la función que le acaba de encomendar. Además pidió a familiares de los reos que acaten las reglas impuestas al interior del penal.
"Se están aplicando las normas mínimas de orden, de disciplina en este centro de reclusión, yo lo que pido a los familiares de reclusos y a quienes visitan a reclusos que acepten las normas que son las cotidianas, que son aquellas que permiten que las cosas funcionen bien, no pasará un desorden y eso no va a continuar más allá de reclamos que se escuchan y se van a atender".
El jueves 27 de enero un grupo de 30 mujeres se manifestó frente a la caseta de vigilancia del penal de San Miguel para exigir que les permitieran ingresar tras ser rechazadas por carecer de un "pase oficial", lo cual calificaron de "absurdo" porque las administraciones anteriores permitían el paso con "un pago debajo de la mesa".
AGA