Después de estar en el tintero por tres años, el Gobierno de Nuevo León y alcaldes de la metrópoli, revivieron la propuesta para elevar a Ley la Coordinación Metropolitana y que tenga reglas, normas y no se interrumpa por pleitos políticos, además de integrar a la mesa a siete municipios.
Durante la Tercera Sesión Ordinaria de la Mesa de Coordinación Metropolitana, la cual se celebró a puerta cerrada, se presentó la propuesta de ley que regula la organización, operación y gobernanza de los municipios que forman la zona metropolitana de Monterrey y busca mejorar la planeación, servicios públicos y el desarrollo urbano en conjunto.
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La iniciativa tiene tres objetivos: Garantizar el acceso equitativo a vivienda, servicios, infraestructura y un entorno sano; establecer reglas claras para crear la zona metropolitana; y definir funciones y responsabilidades de municipios y el Estado.
“Lo que pretendemos es pasar de solo tener problemas comunes a tener estrategias comunes y soluciones comunes. Establecer un sustento legal y operativo para que la coordinación entre municipios sea obligatoria, eficiente y sostenida.
“Y así construyamos sobre bases sólidas, garantizar que las decisiones y acciones conjuntas estén orientadas a derrotar a los grandes enemigos de la zona metropolitana, que son la inseguridad, la falta de oportunidades, la movilidad y tráfico, la contaminación y la escasez de agua”, señaló Andrés Mijes, presidente de la Mesa de Coordinación Metropolitana.
Propuesta modificaría Convenio de Zona Metropolitana
La propuesta presentada incluye modificar el Convenio de Zona Metropolitana para reconocer a Cadereyta, El Carmen, Ciénega de Flores, Zuazua, Pesquería, Salinas Victoria y Santiago como ayuntamientos de la metrópoli.
El proyecto de Ley de Coordinación Metropolitana terminará de afinarse y se presentará al Congreso Local con el objetivo de que se apruebe, a más tardar, en diciembre de este año.
La iniciativa contempla la creación de la Comisión de Ordenamiento Metropolitano, que estaría conformada por los 16 municipios y el gobernador, quienes tendrían voz y voto, además de dependencias estatales, cuatro universidades (UANL, UDEM, U-ERRE, TEC) y Comisiones de trabajo, pero sin derecho a votar para la toma de decisiones.
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