El gobierno de Puebla presentará una impugnación para evitar el pago de más de 600 millones de pesos por una obra inconclusa que inció en el año 2009, es decir, durante la administración del exgobernador Mario Marín Torres.
El anuncio vino este miércoles por parte del actual gobernador Sergio Salomón Céspedes tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entidad que le dio la razón a la empresa Melgarejo Construcción y Concesiones SA de CV, para recibir una indemnización por 640 millones de pesos por una obra que no realizó en dicho año.
De esta manera, el gobernador de Puebla indicó que la decisión del máximo tribunal de justicia le tomó por sorpresa, ya que desde la administración estatal se presentaron todas las pruebas necesarias para obtener un resultado positivo, algo que no fue así.
Sergio Salomón advierte agotar todos los recursos para evitar pago millonario
Salomón Céspedes, quien es titular del poder Ejecutivo en Puebla, consideró que la Corte no actuó de manera "correcta", por lo que ahora agotarán todos los recursos posibles para evitar que las finanzas estatales sufran otro revés por errores de las administraciones pasadas.
Un hecho similar ya ocurrió recientemente con la inversión al Banco Accendo o el adeudo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
"Asumimos que sin duda el Estado tiene la razón y habrá que analizar de fondo. Yo fui personalmente a la Corte a alegatos de oídas y tuvimos plena certeza de que incluso venia el dictamen como lo propuso el ponente, y no contábamos con esa votación en contra, pero no es correcto, creo que hay violaciones en flagrancia", acusó el gobernador poblano.
¿Por qué Puebla pagaría indemnización de 640 millones de pesos?
Fue en 2009, durante la gestión de Mario Marín Torres, cuando el gobierno estatal entregó en adjudicación directa la obra Libramiento Poniente Puebla.
Con ella se pretendía comunicar la autopista Siglo XXI con el Arco Norte, así como con la autopista México-Puebla.
El contrato de la obra consideraba una cláusula de inversión por 640 millones de pesos y el derecho a explotar el peaje del camino hasta 2039.
Sin embargo, no fue posible ejecutar el proyecto debido al rechazo de comunidades indígenas de la zona del Izta-Popo.
Ante negativas de los gobiernos de Rafael Moreno Valle, Antonio Gali Fayad, Guillermo Pacheco Pulido y Miguel Barbosa Huerta para pagar la indemnización correspondiente, la constructora acudió a tribunales y terminó obteniendo el fallo a favor.
EG