Tras la aprobación en el Congreso del Estado de Guanajuato de la prohibición y sanción de hasta seis años de prisión para las llamadas “terapias de conversión” o “Esfuerzos Para Corregir la Orientación Sexual y de Género”, organizaciones de extrema derecha anunciaron que promoverán un amparo en contra de dicha reforma al Código Penal.
"En cuanto al tema de terapias de conversión, te lo puedo confirmar, que sí presentaremos un amparo; en cuanto al otro dictamen que se aprobó, lo estamos analizando y aún no lo puedo confirmar", señaló en entrevista Uriel Esqueda, representante del movimiento en defensa de la vida de Guanajuato.
Cabe destacar que las reformas aprobadas en octubre a la Ley de Amparo establecen que, para promover un juicio de este tipo, es necesario demostrar interés jurídico. Por ello, este grupo y otras organizaciones no pueden interponerlo por sí mismos, pues se considera que solo cuentan con un “interés simple”.
El representante señaló que, desde su perspectiva, esta reforma viola los derechos humanos de menores que deseen someterse a este tipo de tratamientos, y calificó la modificación como “inconstitucional”.
"Es inconstitucional y es prácticamente violatorio de derechos humanos; están violentando los derechos de los menores de edad por no contemplarlos. Sin duda alguna, nosotros estamos en contra de que se ejerzan acciones con violencia que atenten contra la libertad. Estamos a favor de que se le dé la oportunidad a cualquier persona que decida libremente asistir a recibir apoyo y ser escuchado, y si es que decide acercarse con la persona que él lo decida", añadió Uriel Esqueda.
Además, señaló que presumen posibles violaciones al proceso legislativo en la aprobación del reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, por lo que también evaluarán impugnar esta resolución.
Aprueban prohibir terapias de conversión en Guanajuato con penas de hasta 6 años de prisión
Con 32 votos a favor y tres en contra, el Congreso de Guanajuato aprobó la prohibición de las llamadas terapias de conversión, prácticas que durante años han sido denunciadas por organizaciones de derechos humanos por atentar contra la dignidad e integridad de las personas. La reforma establece penas de 2 a 6 años de prisión para quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier método destinado a modificar la orientación sexual o identidad de género.
Además, cuando estas acciones se cometan contra menores de edad, personas con discapacidad, adultos mayores, personas privadas de la libertad o individuos sin capacidad plena para comprender el procedimiento, las sanciones podrán incrementarse hasta en una cuarta parte, al considerarse agravantes por la situación de vulnerabilidad de las víctimas.