La diputada y presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso del Estado de Guanajuato, Plasida Calzada, mencionó que se estará trabajando en un exhorto hacia el el fiscal general del Estado de Guanajuato para que acepte las recomendaciones emitidas por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
Esto luego de cuestionársele al fiscal en su comparecencia el pasado martes 10 de marzo sobre este tema, a lo que se limitó en contestar diciendo que "Nuestro objetivo no es solamente aceptar y cumplir recomendaciones, es prevenir que la vulneración vuelva".
"Es lamentable que se cierre de esta manera, es un mal mensaje que le están dando a los ciudadanos y sí nos gustaría que en medio de la atención que él dice que está dando, ahí fuera el término aceptar y efectivamente falló y hay que acatar la recomendación que le están haciendo la Procuraduría y ya desde el grupo hay que analizar la posibilidad de realizar un exhorto y ponerlo nuevamente sobre la mesa, creo que es muy importante, para algo está nuestra Procuraduría y hay que atender sus recomendaciones", dijo.
Un caso fue el de Dulce Alejandra, cuyo cuerpo fue exhumado en el municipio de Irapuato y que la PRODHEG emitió el 12 de diciembre de 2025 una recomendación para que se investigara la actuación del agente del Ministerio Público y se reparara el daño a la víctima indirecta, la cual finalmente no fue aceptada por la Fiscalía.
De acuerdo con la Fiscalía, la exhumación del cuerpo de Dulce Alejandra se realizó debido a que los restos humanos ubicados en 2020 correspondían a cuatro personas más, que habían sido localizados de manera segmentada.
"Está faltando al humanismo que él ha estado mencionando, es una falta de sensibilidad, una falta de compromiso con aquello que él mencionó que era el humanismo cuando vino y rindió protesta cuando se comprometió a trabajar con la sociedad y demás organismos, en este caso también con la Procuraduría y si no lo está cumpliendo, tenemos que seguirlo señalando", puntualizó.
Otro caso fue el de Alana, una menor de ocho años, quien murió en un tiroteo con agentes de la Fiscalía de Guanajuato que iban a detener a su padre en San Miguel de Allende, denunciaron negligencia y la negativa de esa dependencia para aceptar una recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) que señalaba fallas en la investigación y presunta negligencia.