El Congreso del Estado de Jalisco aprobó una reforma para endurecer las sanciones contra la apología del delito en la entidad. La iniciativa surge como respuesta a la preocupación por eventos públicos donde se glorifican actividades ilícitas y figuras del crimen organizado.
Durante la sesión ordinaria, los legisladores conjuntaron tres iniciativas para modificar los reglamentos municipales y el código penal. El objetivo principal es evitar que, bajo el pretexto de la libertad artística, se fomente o invite a la ciudadanía a cometer conductas delictivas.
¿Cuáles son las nuevas sanciones penales y administrativas que enfrentarán los infractores?
La nueva legislación establece castigos mucho más severos que los anteriores, los cuales eran considerados insuficientes por las autoridades. Quienes realicen apología del delito en eventos públicos ahora enfrentarán penas que van de los seis meses hasta un año de prisión efectiva.
Además de la sanción corporal, se aplicarán multas administrativas que oscilan entre las 50 y las mil Unidades de Medida y Actualización. Estas medidas buscan que los organizadores y artistas eviten contenidos que idealicen delitos que afectan la seguridad.
El diputado José Luis Tostado explicó que la actualización normativa busca proporcionar mayor seguridad jurídica al momento de sancionar. Reconoció que, aunque el alcance puede ser debatible, el esfuerzo legislativo dota de mejores herramientas a las autoridades para actuar ante las denuncias.
Esta reforma llega aproximadamente un año después de diversas controversias relacionadas con la promoción de criminales en espectáculos masivos. Anteriormente, las multas aplicadas por los ayuntamientos no representaban una consecuencia real para los infractores debido a sus bajos montos económicos.
¿Qué impacto se busca generar con la restricción de contenidos que idealizan al crimen?
Con la aprobación de este dictamen, el Poder Legislativo pretende reducir la normalización de la violencia en espacios de convivencia social. La reforma busca desincentivar que figuras delictivas sean presentadas como modelos a seguir.
Los ayuntamientos tendrán la facultad de vigilar que en los centros de espectáculos no se infrinjan estas disposiciones durante presentaciones en vivo.
Las autoridades municipales deberán armonizar sus reglamentos internos para que los inspectores puedan intervenir de manera inmediata cuando se detecte una violación. El proceso de sanción será más ágil.
La actualización de las normas estatales representa un paso importante para dotar de facultades claras a las comisarías y dependencias municipales. Se espera que, con penas de prisión, los promotores de eventos públicos asuman una mayor responsabilidad sobre el contenido ofrecido.
MQ