La diputada de Morena en el congreso de Jalisco, María Padilla, presentará una iniciativa para solicitar al Gobierno del Estado de Jalisco sumarse al plan de atención que ha generado el Gobierno Federal para resarcir el daño que se generó a los habitantes de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, ante la intención de inundar sus viviendas para concretar el proyecto de la presa El Zapotillo.
"Este plan prevé por parte del Gobierno Federal dar desde 90 mil hasta 200 mil pesos a las personas que recibieron estos actos de molestia, relacionados a los actos y necesidades de estas personas, y a lo que se invita de manera respetuosa al Gobierno del Estado a este plan de acción, con programas, con algunas medidas, con participación y ver cómo podemos ayudar a estas personas, el plan que tiene el gobierno federal, es hacer la presa, solucionar el tema del abasto de agua en la zona metropolitana de Guadalajara, no inundar, hay una restauración de caminos", explicó Padilla.
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Detalló que este plan contempla brindar apoyos económicos, generar empleos y dar seguimiento a las afectaciones que tuvieron durante estos años.
"Fueron muchos años de incertidumbre de sufrir de estas personas y bueno este es el plan del gobierno federal que es demasiado asertivo y demasiado prudente al que yo quiero que nos sumemos desde el estado", dijo María.
La legisladora subrayó que dichas comunidades han sido ejemplo de resistencia y lucha por la defensa de la tierra comunal, por lo cual debe ser imprescindible el que pueda brindarse el apoyo que requieren.
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En el poblado de Temacapulín del municipio de Cañadas de Obregón, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro supervisaron las obras complementarias de la presa del Zapotillo.
El Gobierno de México informó que el Plan Integral para los pueblos avanza con los proyectos de infraestructura carretera a las tres comunidades, además de los proyectos de salud, de bienestar con la Secretaría de Educación Pública, Cultura y CONAGUA, que se han gestionado desde el pasado mes de noviembre cuando se alcanzó el acuerdo histórico que garantizaba el convenio pactado con los pobladores.
SCA