Empresarios transportistas aceptan decisión de mantener el precio del transporte público en Jalisco

El gobierno de Jalisco continuará apoyando a los empresarios de este sector con un subsidio que se efectuará en 2023.

Empresarios transportistas de Jalisco / Juan Carlos Munguía
Jalisco /

Empresarios transportistas de Jalisco acordaron con la Secretaría de Transporte solidarizarse ante la decisión de mantener la actual tarifa de $9.50 pesos en el transporte público, luego de que así lo anunció el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, al menos por lo que resta de su administración.

El gobierno de Jalisco seguirá con el apoyo para los empresarios de este sector con un subsidio que se hará efectivo a partir del año entrante, así como en otras líneas, como la renovación de unidades.

Por su parte, Diego Monraz Villaseñor, secretario de Transporte en Jalisco, agradeció la solidaridad de los empresarios transportistas debido a la situación económica complicada.

Asimismo, el secretario explicó que con el Fondo de Apoyo para los Usuarios del Transporte Público de 500 millones de pesos, mediante el cual se subsidiará con 50 centavos por pasaje a partir del próximo año, los usuarios que más lo requieren se beneficiarán directamente.

Estos proyectos han sido determinantes para mantener la actual tarifa social, mientras que se informó que al cierre de este año se habrán adquirido 350 nuevas unidades de transporte público, así como otras mil 150 durante 2023.

Con la finalidad de obtener acceso al fondo de dicho subsidio, los empresarios transportistas deberán cumplir con las reglas de operación y calidad del servicio que al respecto se establezcan.

Cabe señalar que el 1 de septiembre, Enrique Alfaro confirmó que la tarifa del transporte público en el estado no incrementará, por lo que se mantendrá hasta el último día de 2024, con la intención de cuidar la economía de las familias jaliscienses.

El mandatario estatal comentó que la situación económica atraviesa momentos complicados en el país, ya que la inflación alcanzó su nivel más alto en los últimos 12 años, y afecta directamente en los alimentos, ropa, vivienda y hasta en los servicios que presta el estado.

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