El abogado de las víctimas por el desplome del tramo elevado de la Línea 12 del Metro, Teófilo Benítez, informó que el ofrecimiento hecho por la empresa Construcción e Infraestructura Carso S.A. (CICSA) tiene parámetros insuficientes para la rehabilitación y desarrollo futuro de sus representados.
Dicha declaración llega con respecto al anuncio hecho por la fiscal de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, quien aseguró que el 80 por ciento de las víctimas del desplome del tramo elevado de la Línea 12 han aceptado los acuerdos reparatorios; sin embargo, el abogado detalló que dicho porcentaje es resultado de la presión del litigio que inició el Ministerio Público en favor de la empresa propiedad de Carlos Slim, misma que no ha sido inculpada y, por el contrario, según Benítez, fue exculpada por el incidente del 3 de mayo de 2021.
De acuerdo con Teófilo Benítez, de las 14 víctimas que él representa, sólo dos recibieron la propuesta de Carso, misma que fue considerada como una burla, pues el ofrecimiento no garantiza los gastos para continuar con una vida libre de complicaciones.
Además, el abogado detalló que otra de las víctimas fue citada por la empresa de Slim en el centro de Bienestar Gilberto Ensástiga, ubicado en la alcaldía Tláhuac, lugar al que fue llamada a escondidas, con el fin de convencerla de aceptar la propuesta de reparación del daño sin que estuviese acompañada por sus asesores jurídicos.
"Le dijeron que no le harían propuesta alguna, sino más bien la cita fue con el pretexto de pagarle sus medicamentos pendientes desde el mes de noviembre, pero una vez que se encontraba en dicho centro le retiraron su celular, argumentándole que no podía grabar nada de lo que ahí se discutiera. La víctima tuvo que esperar más de cuatro horas y observó la entrada y salida de personas, que entre ellas se comentaban si habían o no aceptado el convenio, que al final fue lo que le propusieron", dijo.
El abogado de las víctimas por la caída del tramo elevado también expuso que sus clientes han sido víctimas de un supuesto acoso e indolencias de las autoridades, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
"Citaron a otra víctima en la sede de Luis Moya obligándolo a dejar su teléfono celular y escuchar cuestionamientos sobre la prohibición de grabar las conversaciones con las autoridades. Ahí se encontraba un representante de la Fiscalía General de Justicia de la Unidad de Medicación así como del Centro de Atención a Víctimas, mediando a favor de la empresa CICSA".
Benítez detalló que, en ambos casos mencionados anteriormente, los representantes del gobierno de la capital del país y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reiteraron a los afectados que ignoraran la asesoría legal de sus abogados; además, eran presionados para firmar un convenio reparatorio.
Según el abogado, sólo tres víctimas por el desplome del tramo elevado fueron citadas en las oficinas del búnker capitalino, en la Unidad de Mediación Especializada, lugar al que no acudieron representantes de Carso, por lo que consideró que el gobierno ha desplegado un aparato de complicidad con la Fiscalía General de Justicia capitalina, con el fin de concretar la aceptación de acuerdos reparatorios antes de que se cumpla un año del incidente que mató a 26 personas y dejó heridas a más de 100.
Finalmente, el abogado indicó que la autoridad de la Ciudad de México está intentando de que ya no siga con el proceso legal contra Grupo Carso; sin embargo, destacó que se va a continuar con la imputación para que los directivos de CICSA sean señalados como responsables del desplome del tramo elevado de la Línea 12 del Metro ante un juez de control.
KT