El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó sobre la reciente conclusión del proceso legal contra ciudadanos extranjeros vinculados a actividades ilícitas en la entidad. Los implicados, de origen colombiano y venezolano, fueron repatriados a sus respectivos países tras su detención operativa.
Estos sujetos estaban presuntamente relacionados con el esquema de préstamos conocido como "gota a gota" y las denominadas "rifas colombianas" en diversos puntos de la metrópoli. Sin embargo, su estatus jurídico fue definido bajo los lineamientos de la legislación migratoria vigente.
¿Cuál fue el proceso legal para la expulsión de estos ciudadanos sudamericanos?
El mandatario estatal explicó que la repatriación se realizó conforme a derecho y en estricta coordinación con el Instituto Nacional de Migración. Al no existir órdenes de aprehensión vigentes ni antecedentes delictivos registrados en territorio mexicano, se procedió con la deportación.
La ley establece que, ante la ausencia de delitos pendientes en el país, lo correspondiente es poner a los extranjeros a disposición de las autoridades migratorias. Bajo este esquema, se dictaminó que la salida del país era la medida administrativa aplicable para los detenidos.
Este procedimiento administrativo busca garantizar que personas con perfiles sospechosos o actividades irregulares no permanezcan en territorio nacional si no tienen cuentas pendientes con la justicia local.
El gobierno estatal reiteró que se mantienen vigilantes ante este tipo de prácticas financieras que afectan la economía de los sectores más vulnerables.
¿Qué otros antecedentes similares existen sobre repatriaciones en el estado de Jalisco?
Durante el anuncio, se recordó un caso similar ocurrido antes de las festividades navideñas en una colonia de Guadalajara donde un ciudadano colombiano resultó herido. Aquel individuo contaba con antecedentes penales en Estados Unidos, pero ya había cumplido su condena en el extranjero.
Al igual que en el caso actual, la falta de órdenes judiciales activas en México motivó su deportación inmediata bajo el mismo proceso de ley. Estas acciones forman parte de una estrategia para depurar el estatus de residentes que incurren en conductas antisociales.
Pablo Lemus subrayó que este es el proceso ordinario que marca la normativa cuando no se pueden fincar responsabilidades penales directas en el país. La colaboración con el Instituto Nacional de Migración continuará siendo una prioridad para las fuerzas de seguridad pública locales.
Las autoridades exhortaron a la población a denunciar cualquier intento de cobro bajo la modalidad de préstamos inmediatos o rifas sin registro oficial. El seguimiento preventivo sobre ciudadanos extranjeros con actividades sospechosas se reforzará en las zonas comerciales donde suelen operar estos grupos.