En Guanajuato, las llamadas de extorsión y operación de secuestros virtuales desde cárceles son una realidad, como parte de los trabajos de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) se logró detectar que hay penales estatales desde los que diariamente salen hasta 250 llamadas de extorsión.
De acuerdo a Francisco Rivas, director del ONC, este tipo de delitos donde lo que ocurre tras las rejas impacta en las calles, se debe a la corrupción que existe al interior de los penales, principalmente en aquellos que son administrados por los estados.
"En ese entonces (Al realizar el estudio) nos llamó mucho la atención que un interno adentro de un penal, siendo que hay revisiones de armas, drogas, etc, puedan tener acceso a estos dispositivos y que puedan llegar a hacer hasta 250 llamadas, porque por muy corta que sea la llamada, eso implica prácticamente un día entero de trabajo y ¿como es posible que nadie se dé cuenta de qué hay internos haciendo llamadas desde el penal?”, señaló.
Aunque como parte de la confidencialidad del estudio realizado, Rivas sólo refirió que esté fenómeno ocurre principalmente en penales estatales, esto concuerda con reportes de las autoridades de Guanajuato que refieren que en la entidad, gran parte de las llamadas de extorsión provienen desde el Penal de Puente Grande en Jalisco.
“Le puedo decir que son penales estatales, algunos del centro del país, esto no lo vimos en los penales federales (la extorsión) ahí no vemos ningún elemento para considerar que esto pudiera suceder en los penales federales, puede que ocurra pero nosotros no encontramos ninguna evidencia", agregó Francisco Rivas.
Ejemplo de ello es que en 2017, durante 21 días, el Instituto Federal de Telecomunicaciones monitoreo la actividad de teléfonos móviles dentro de dos penales federales y cinco estatales. Derivado de esta revisión se detectaron unos mil celulares de los que salieron 219 mil 700 llamadas semanales.
El hecho de que las llamadas extorsivas puedan ocurrir desde los centros penitenciarios, se explica a través de una cadena de corrupción donde se soborna y compra voluntades a Guardias y personal penitenciario para que permitan el ingreso de los dispositivos, principalmente a través de las visitas a las que los reos tienen derecho.
A esto se suma la omisión de guardias, ya que las llamadas se realizan prácticamente ante sus ojos. Otro factor que contribuye son los equipos que funcionan como inhibidores de señal, que en muchos casos son obsoletos o dejan de operar durante periodos preestablecidos, para permitir a los reos realizar sus llamadas.
Ante esta problemática, desde el Observatorio Nacional Ciudadano, además de las campañas de difusión para que la población no caiga en estas llamadas de extorsión, se ha planteado la necesidad de trabajar de la mano de las compañías telefónicas para que bloquen los números telefónicos que acumulan dichos reportes.
PCQG