Como parte de las acciones para fortalecer los vínculos familiares y contribuir a la reinserción social, el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, encabezó la ceremonia de bodas colectivas de 42 parejas de personas privadas de la libertad en el CERESO 1 Norte.
Durante su mensaje, el funcionario estatal reconoció la decisión de las parejas de iniciar una nueva etapa en su vida basada en el compromiso y la responsabilidad, y destacó que la reinserción social también implica reconstruir proyectos personales y fortalecer los lazos familiares.
"La libertad más importante no siempre comienza cuando se abre una puerta, muchas veces comienza cuando una persona decide asumir un compromiso para transformar su vida"
"Una persona que mantiene lazos sólidos con su familia tiene mayores oportunidades de reintegrarse plenamente a la sociedad. Por eso este evento tiene un significado profundo, porque representa esperanza, compromiso y la voluntad de construir una nueva etapa de vida", afirmó.
Asimismo, reconoció el respaldo de las familias presentes y destacó el trabajo coordinado entre la Agencia de Administración Penitenciaria, el Registro Civil, el Poder Judicial, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y las organizaciones civiles que hicieron posible esta ceremonia.
Flores Serna reiteró que el Gobierno de Nuevo León continuará acercando trámites y servicios que permitan a todas las personas ejercer plenamente sus derechos y fortalecer a las familias como base de una sociedad más unida y segura.
"Desde el Gobierno del Estado seguiremos impulsando acciones que promuevan la dignidad, la unidad familiar y la reinserción social con sentido humano. Muchas felicidades a todas y a todos ustedes, que este día quede marcado como el inicio de una etapa llena de fortaleza, esperanza y nuevos propósitos", señaló.
La unión de las 42 parejas se celebró en compañía de sus familiares, quienes compartieron este momento significativo junto a las y los contrayentes.
En el evento participaron representantes del Poder Judicial, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Agencia de Administración Penitenciaria, organizaciones civiles y autoridades estatales.