Pese a que existe una reglamentación que indica que el cableado aéreo debe estar a una altura mínima de cuatro metros, las empresas lo pasan por alto y han enredado el área metropolitana provocando accidentes, obstrucción de vialidades y contaminación visual.
En México son alrededor de 10 empresas de Telecomunicaciones que tienden cables para prestar su servicio, además de la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, en la mayoría de los postes de la metrópoli es común observar una enredadera con más de 20 líneas cruzándose, sin que el estado o municipios tengan facultades para salvaguardar la integridad de los ciudadanos y poner orden al tema.
Por ley, los cables deben estar a una altura mínima de 4.6 metros de la banqueta, en caso de que el cable deba cruzar alguna calle, la colocación será a 5.5 metros.
Problema persiste en municipios
En un recorrido la cámara de Telediario comprobó que esto no se cumple y además se detectaron otros problemas que se repiten en todos los municipios, como postes ladeados en Santa Catarina, cables colgando a muy baja altura en los cruceros y por encima de las banquetas en el Centro de Monterrey y obstrucción de terrazas en las viviendas en la colonia Valles de Linda Vista en Guadalupe.
No hay sanciones por afectaciones a la ciudadanía
La Ley Federal de Telecomunicaciones señala que no se puede restringir la instalación de cableado en la ciudad, ni cobrar por el permiso y ni siquiera se habla de sanciones por las afectaciones causadas a la ciudadanía.
Ley de Protección Civil estatal indica que los sistemas municipales deberán realizar la inspección, control y vigilancia, sólo de las instalaciones de electricidad y alumbrado público.
Pero no le da atribuciones de nada respecto al cableado aéreo, ni siquiera lo consideran como un asunto de riesgo pese a los accidentes que ha provocado
Redes subterráneas
En tanto la ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Territorial y Urbano en su artículo 252 habla del tendido de redes subterráneo, para formar una red de uso común a los interesados en construir, habilitar, administrar, operar o arrendar estas redes, debiendo hacerse en una sola zanja o línea de conducción. Pero no establece que, si los municipios invierten en la infraestructura, puedan cobrar a las empresas por su uso, por lo que muchos no han querido invertir en ello.
Algunos municipios trabajan en la elaboración de reglamentos al respecto y se han presentado iniciativas para darle facultades a las autoridades locales y poner orden, mientras tanto sigue creciendo la enredadera.
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