Lo que debió ser una jornada de celebración y orgullo para las familias de la colonia Los Urdiales se ha transformado en un escenario de indignación y exigencia de justicia.
Padres de familia de la Escuela Secundaria Número 72 "Emma Godoy" han alzado la voz públicamente para denunciar presuntas irregularidades y la falta de transparencia en la gestión de los recursos destinados a la fiesta de graduación de sus hijos, un evento por el cual se recaudó una suma estimada en 600 mil pesos.
- Policía
Ante la opacidad de los organizadores, un grupo de inconformes realizó una manifestación en las inmediaciones del plantel educativo. El objetivo principal de la protesta fue exigir formalmente al comité organizador la entrega inmediata de facturas, recibos fiscales y toda la documentación legal que compruebe fehacientemente cómo y en qué se ejercieron los fondos recabados para la celebración.
Sin facturas ni respuestas
De acuerdo con los testimonios recabados entre los afectados, cada familia realizó un esfuerzo económico importante al aportar la cantidad de 3 mil 500 pesos por alumno. Este monto, según las cláusulas acordadas, quedó completamente liquidado desde el pasado mes de abril, dando un margen de tiempo considerable para la correcta planeación y contratación de los proveedores.
Sin embargo, los problemas salieron a la luz a finales de junio, fecha en la que se llevó a cabo el festejo. Durante el desarrollo del evento, los asistentes detectaron con sorpresa que múltiples servicios contratados y pagados con anticipación simplemente no se encontraban en el lugar. Entre los conceptos faltantes que denunciaron los padres de familia se encuentran:
- Mesa de postres y repostería para los invitados.
- Letras gigantes decorativas alusivas a la graduación.
- Paquetes fotográficos impresos para el recuerdo de los alumnos.
- Otros servicios logísticos y de entretenimiento incluidos en el presupuesto original.
Al solicitar una explicación inmediata y el desglose de los gastos, el comité organizador únicamente presentó notas simples de pago hechas a mano, careciendo de cualquier tipo de validez fiscal, facturas timbradas o comprobantes oficiales que permitieran auditar y verificar el destino real del dinero.
A la problemática de los servicios no entregados se suma la actual falta de comunicación. Los afectados señalaron que, tras concluir el evento, han enfrentado serias dificultades para entablar un diálogo con la persona directamente responsable de la organización, quien ha evadido responder los cuestionamientos o agendar una junta aclaratoria.
Ante el evidente bloqueo y la nula disposición para rendir cuentas, los padres de familia informaron que ya se encuentran bajo asesoría legal y analizan seriamente acudir ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. El propósito de esta acción jurídica será interponer una denuncia formal por el presunto delito de fraude o lo que resulte del manejo irregular de los recursos, con el fin de que las autoridades estatales inicien una investigación detallada y se castigue a quienes resulten responsables.
achm