En ausencia de los diputados de Movimiento Ciudadano, la Comisión de Movilidad avaló el veto parcial enviado por el Ejecutivo estatal a la reforma de la Ley de Movilidad, la cual contemplaba la aplicación de tarifas preferenciales en el transporte público para estudiantes y sectores vulnerables.
Durante la sesión, la presidenta de la Comisión, Aile Tamez, señaló que en la Ley de Egresos 2026, próxima a discutirse, se analiza la creación de un fondo destinado a subsidiar el transporte público, bajo un esquema similar al que opera actualmente en el estado de Jalisco.
- Comunidad
“Los ajustes que se le hicieron fueron básicamente como contar con un fondo que este fondo ya se van a realizar los ajustes en la Ley de Egresos que ya posteriormente lo estará trabajando la comisión de presupuesto para contar con este fondo.
“Basándonos también en otras leyes como la ley de Jalisco, que ellos también contemplan en su en su presupuesto un fondo de 150 millones para el subsidio del transporte público. Entonces, si Jalisco lo hace, creo que muy bien lo podemos hacer aquí en Nuevo León”, apuntó.
La legisladora panista agregó una modificación al veto parcial para que el Ejecutivo tenga un fondo de apoyo para las personas usuarias de transporte público.
“Cuyo destino será otorgado a otorgar las tarifas sociales e incentivos en beneficio de adultos mayores, personas con discapacidad estudiantes, y usuarios en general, con la finalidad de mitigar el impacto inflacionario de los diferentes costos”, puntualizó.
En la reforma, a los artículos 183 bis, 183 bis 1 y 183 bis 2, establece que las tarifas sociales aplicables a los servicios y modalidades del transporte público urbano serán:
Multiviajes: Se ofrecerá a los usuarios una tarifa menor para pases de 7 viajes, 20 viajes y 30 viajes teniendo vigencia de hasta 30 días hábiles.
Tarifa de transbordos: Se ofrecerá a los usuarios una tarifa única para transbordos ilimitados durante el día.
Tarifa preferencial: Se otorgará como mínimo una tarifa del 25% de
descuento para grupos vulnerables.
Así, el Comité Técnico, la Junta de Gobierno y el Instituto de Movilidad deberán proponer, autorizar y aplicar las tarifas sociales en un plazo de tres meses.
Tamez refirió que sería viable volver a la tarifa de 12 pesos en el camión, y 4.5 pesos en el metro, aunque la última palabra la tendría la Junta de Gobierno del IMA.
“Claro que es viable y es lo que quisiéramos para todos los ciudadanos, ahorita se plantea que sea el descuento, a partir de un 25% de descuento, entonces esa es la base que les estamos nosotros este mencionando al IMA, pues ya ellos serían los encargados de pues de analizar cuál es el descuento”, explicó.
El decreto, una vez superado en Pleno, será enviado al gobernador Samuel García para que lo publique en el Periódico Oficial en un plazo no mayor a 10 días, sin la posibilidad de veto.
mla