Rocío Hernández Ávila, una mujer que reside en el estado de San Luis Potosí se encadenó en la puerta del cuarto juzgado civil en la ciudad de León, Guanajuato con la finalidad de realizar una protesta pacífica con apoyo de su familia para defender su vivienda ubicada en el municipio de Matehuala y evitar que fuera despojada de ella.
La familia comentó a medios de comunicación que dan cuenta de una red de corrupción entre abogados, autoridades de San Luis Potosí y Guanajuato, ya que funcionarios como jueces estarían siendo participes de un sistema de despojo en el cuál ella se vio afectada.
Un proceso nunca notificado
Rocío y su familia señalaron que en el año de 1995 adquirieron una vivienda a nombre de Vicente Hernández Ortiz y María Guadalupe Ávila Hernández, padres de Rocío, la cual fue comprada mediante un crédito hipotecario compartido de Bancrecer.
En el año 2009 el papá de Rocío, el seño Vicente falleció y un despacho privado, sin ninguna notificación, adquirió el crédito pendiente del señor e interpuso un juicio intestamentario sucesorio, todo ello para que la vivienda quedara en manos de la Beneficiencia Pública del Estado de San Luis Potosí, pero en realidad, la institución nunca se enteró de ello.
La situación se complico hasta que Rocío fue notificada, en el año 2016, sobre una demanda mercantil contra ella por los derechos del crédito de aquella vivienda. La demanda contemplaba que ella debía dar un pago de aproximadamente 800 mil pesos para que la vivienda volviese a ser de su propiedad. Cabe señalar que el costo de la vivienda fue de 200 mil pesos y que el dinero que se le solicitaba rebasaba por completo el precio inicial.
Los afectados señalaron que el juicio nunca debió haber sido aceptado ya que existen medidas de aseguramiento de la vivienda, pero que estos nunca fueron aplicados.
Las respuestas de las autoridades que recibió la familia de Rocío
Por ello, Rocío decidió encadenarse, ya que era consciente de que no estaba siendo escuchada por parte de las autoridades. Ella relata que pensó que la retirarían del lugar por la fuerza, pero en ese momento salió el juez, quien le preguntó sobre su situación, al cual Roció encaró por las "omisiones cometidas".
Al poco tiempo llegó personal del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Guanajuato, quienes le dijeron que pasara a sus oficinas en la capital del estado a interponer una denuncia, sin embargo, esta dijo que no lo haría, ya que se quedaría encadenada hasta obtener una respuesta favorable.
Para ello, el juez se comprometió a emitir un exhorto a un juez de San Luis Potosí para que detuviera el desalojo.