La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) del estado de Puebla ha puesto precio a la irregularidad. Tras el censo que reveló la cifra oficial de 24 mil 730 concesionarios de transporte público, la dependencia ha detallado el costo económico exacto que deberán asumir los 3 mil 137 que no cumplieron con la revista vehicular obligatoria.
Lejos de ser una sanción genérica, la SMT ha diferenciado dos escenarios con montos específicos, estableciendo una ruta de regularización y una advertencia contundente para quienes opten por la evasión.
La opción de regularización: Una multa fija de 19 mil 365 pesos
Para los concesionarios en rezago que decidan acogerse voluntariamente al proceso de regularización, la SMT ha fijado un costo único y definido.
La multa por no haber realizado la revista vehicular a tiempo es de diecinueve mil trescientos sesenta y cinco pesos $19,365. Este monto actúa como un incentivo controlado para la regularización masiva, ofreciendo a los permisionarios la oportunidad de ponerse al día con sus obligaciones administrativas y de seguridad técnica de manera ordenada.
Este camino voluntario no solo evita sanciones mayores, sino que permite a los concesionarios planificar el desembolso y regularizar su situación sin interrumpir su actividad.
El precio de ser detectado: Multa de 28 mil 740 pesos y pérdida de la concesión
El segundo escenario, considerablemente más oneroso y riesgoso, aplica para aquellos concesionarios que sean detectados circulando sin la revisión técnica en alguno de los operativos de vigilancia que realiza la SMT. En este caso, el costo de la informalidad se dispara.
La sanción económica impuesta no será la de regularización, sino una multa de veintiocho mil setecientos cuarenta pesos ($28,740), casi diez mil pesos más que la opción voluntaria.
Sin embargo, la consecuencia trascendental y de mayor peso no es meramente financiera. La dependencia ha sido enfática al señalar que, en estos casos, se procederá a la cancelación o pérdida de la concesión.
Esto significa la revocación definitiva del permiso para operar el servicio público de transporte, un golpe que equivale a la salida forzada del mercado.
Esta drástica medida busca ser el principal elemento disuasorio. No se trata solo de pagar más, sino de arriesgar el sustento económico que representa la unidad concesionada.
La política de la SMT deja claro que la tolerancia para circular en condiciones técnicas no verificadas es cero, especialmente cuando se descubre en flagrancia durante un operativo diseñado para garantizar la seguridad vial.
Al hacer públicos estos montos específicos la SMT de Puebla elimina cualquier ambigüedad sobre el costo de la informalidad. La estrategia es clara: establece un "precio de mercado" para la regularización (la multa menor) y un "costo prohibitivo" para la evasión (multa mayor más pérdida del activo).
ERV