En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora cada 5 de junio, cifras oficiales revelan que Nuevo León ha acumulado 400 delitos del fuero federal contra el ambiente y la gestión ambiental entre enero de 2012 y abril de 2026.
De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la entidad registra un promedio mensual de 2.33 delitos ambientales durante los últimos 172 meses.
A nivel nacional, durante el mismo periodo se contabilizaron 18 mil 453 delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, lo que representa una media de 107.28 casos por mes.
Según los registros oficiales, el año con mayor incidencia en Nuevo León fue 2020, cuando se abrieron 41 carpetas de investigación por este tipo de ilícitos. En contraste, 2018 fue el año con menor número de casos, al reportarse únicamente siete.
Precisamente ese mismo año, México registró su cifra anual más baja en delitos ambientales con 851 investigaciones, siendo el único año en el periodo analizado con menos de mil casos. Por el contrario, 2013 se mantiene como el año con mayor incidencia nacional al alcanzar mil 630 delitos.
Las cifras también muestran que entidades como Quintana Roo encabezaron durante varios años la incidencia de delitos ambientales en el país, mientras que recientemente Tlaxcala se ha colocado entre los estados con más carpetas abiertas por este tipo de conductas.
Estas son las cifras de delitos ambientales en el 2026 de Nuevo León
En lo que respecta a 2026, con corte al mes de abril, Nuevo León suma seis delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. A nivel nacional, Baja California Sur y Jalisco encabezan la lista con 32 casos cada uno, seguidos por Veracruz con 29.
El comportamiento histórico en Nuevo León muestra variaciones importantes. Tras alcanzar 41 delitos en 2020, la cifra descendió a 17 en 2021, 13 en 2022, 17 en 2023 y 10 en 2024. Sin embargo, durante 2025 se registró un repunte al contabilizarse 36 casos.
Los datos forman parte de los indicadores utilizados para evaluar el impacto de las actividades humanas sobre el entorno y el cumplimiento de la legislación ambiental en el país.
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