El Gobierno de Nuevo León presidido por Samuel García Sepúlveda emitió una declaratoria de emergencia con motivo del impacto de la tormenta tropical Alberto que dejó grandes estragos la semana pasada en toda la entidad.
La medida gubernamental contempla los 51 municipios de Nuevo León, incluyendo territorios rurales como General Bravo, Lampazos de Naranjo, Aramberri, y otros, los cuales quedaron muchos de ellos incomunicados por el colapso de carreteras debido a las intensas lluvias.
La declaratoria de emergencia es justificada por las autoridades con base en los artículos 111, 119, 124 y 125 de la Constitución de Nuevo León, así como en la Ley de Protección Civil Estatal.
Por ejemplo, el artículo 21 constitucional habla sobre el derecho de los ciudadanos ha vivir en un entorno seguro, en la gestión integral de riesgos naturales por parte de las autoridades, y en la protección contra fenómenos naturales y/o daños por irregularidades en la infraestructura pública.
De igual manera, la Ley de Protección Civil contempla la protección de la integridad física de los ciudadanos, lo cual está vinculado a los puntos anteriormente mencionados.
Una de las bases de la declaratoria de emergencia es cuando eventos como la tormenta tropical Alberto dejan rebasada la capacidad operativa y financiera del Gobierno de Nuevo León.
Por tanto, la medida del Estado implica la distribución de recursos materiales, humanos y financieros extra para combatir los daños que ha dejado la tormenta tropical, como, por ejemplo, en el Área Metropolitana se han visto inundaciones, hundimientos, fallas de energía eléctrica y cortes de agua por afectaciones en la infraestructura.
El documento de la declaratoria de emergencia fue publicado el 24 de junio en el Periódico Oficial del Estado, dándole entonces un carácter vinculante.
El artículo segundo de la declaratoria de emergencia instruye a la Secretaría General de Gobierno, presidida por Javier Navarro Velasco, a dirigir, presupuesta, ejecutar y vigilar la protección civil en la entidad ante dicha situación que se atraviesa, coordinándose con los sectores públicos, social, privado, y la población en general.
Además, se pide a las secretarías de Finanzas y de Movilidad, tomar medidas urgentes, preventivas y correctivas para salvaguardar la salud de la población y el restablecimiento de los servicios públicos básicos.
Finalmente, el documento urge a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey para que reactive en el menor tiempo posible el suministro del líquido en colonia y sectores en el que se ha visto suspendido por daños de infraestructura derivados de la tormenta.
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