Aunque en la presente sequía que sufre la entidad se ha buscado su origen en la falta de agua de los 80, el Poder Judicial de Nuevo León desempolvó dos expedientes históricos de juicios civiles de pobladores de Cerralvo y Monterrey que peleaban por agua hace 118 años.
La plataforma MILENIO-Multimedios tuvo acceso a los expedientes, primero, de un pleito que tuvieron dos pobladores de la actual colonia Niño Artillero, en Monterrey.
Se trataba del litigio entre Jesús Ma. Elizondo, quien promovió un juicio en 1904 ante el Juzgado Primero de Letras de la Primera Fracción Judicial, quien demandó a Florentino Garza para que le diera sus dos horas de agua con sus tierras, que tenían un valor de 425 pesos mexicanos, inédito para la época.
El abogado de Elizondo alegó ante un juez que su representado compró a Florentino Garza dos horas de agua que colindaban con algunas calles de su domicilio.
“Dichas dos horas de agua son las tierras que me corresponden, que es la sexta parte de la tierra descrita, según las colindancias expresadas. Las compró mi poderdante a Florentino Garza, como ya queda expreso.
“En virtud de tal contrato y conforme a los artículos 2749 y 2753 del Código Civil, quedó perfecta la venta de la referida agua, y su respectiva tierra en favor del comprador, que es mi mandante, y dueño del agua, con todo el derecho que la ley da a los propietarios”, expresó el litigante ante un juicio oral en 1904.
El pergamino del litigio, de 11 hojas con letra manuscrita por un escribano y preservado por las autoridades, refiere que transcurrió el tiempo y se pusieron de acuerdo ambas partes.
La historia en Cerralvo
El Juzgado de Letras de la Quinta Fracción Judicial de Nuevo León tomó en 1931 el juicio de oposición de un denunciado promovido por Emilio Hinojosa, presunto apoderado de la Comunidad de Tierras y Aguas de la Toma Principal de Agualeguas, aunque resuelto en el municipio de Cerralvo, contra Pedro Nañez.
De acuerdo con el documento, que metió en litigio y citó diversas publicaciones del Periódico Oficial bajo el mandato de Francisco A. Cárdenas, gobernador de Nuevo León, destacó que Emilio Hinojosa, diciéndose apoderado de la comunidad de aguas de la toma principal de la villa de Agualeguas, entabló una demanda.
“Se hizo ante el súper gobierno del estado para que se me concediera (a Pedro Nañez) merced de 16 surcos, o sea sean 104 litros de agua por segundo de las que corría tiempo de abundancia o de crecimiento es por el arroyo de magueyes y sus tributarios para acreditar su carácter de apoderado de la comunidad”, se lee en el documento histórico.
Hinojosa habría presentado su demanda con un primer testimonio de la escritura de mandato a su favor y de don Protasio, su vecino, pero como Pedro se puso más listo junto con su abogado, lograron descifrar que éste mentía.
“El señor Emilio Hinojosa no es apoderado legal de la comunidad porque el poder que ostenta no le fue conferido por el presidente secretario de la mesa directiva de esa comunidad sino por Josemaría Villarreal, vicepresidente de la comunidad de personas.
“No tiene ninguna facultad, te concedió para dicho otorgamiento, en consecuencia, el poder es nulo y no puede surtir efectos legales”, justificó Pedro ante el juez. El juzgador le concedió la razón a Pedro y el problema se agravó.
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