Cientos de concesionarios del servicio de transporte escolar se manifestaron este viernes en Monterrey para expresar su rechazo a la intención del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León de incorporar a una empresa externa para realizar las revisiones físico-mecánicas de las unidades.
La protesta se llevó a cabo en los patios de revisión ubicados en la colonia San Bernabé, donde los transportistas denunciaron que esta medida incrementaría considerablemente sus costos de operación.
De acuerdo con los inconformes, el costo de la inspección pasaría de alrededor de mil 200 pesos a casi tres mil pesos por unidad, situación que consideran insostenible para pequeños concesionarios.
Afectaciones aumento de costos por revisiones mecánicas a unidades escolares
Verónica Jiménez, quien presta servicio en el municipio de Salinas Victoria, aseguró que muchos de los operadores son propietarios de pocas unidades e incluso personas pensionadas, por lo que el aumento afectaría directamente su economía.
Además, cuestionó que una empresa privada realice las inspecciones, al considerar que el propio Instituto de Movilidad cuenta con la experiencia para continuar efectuando las revisiones como se ha hecho durante años.
Por su parte, Gustavo Villalobos informó que una comisión de transportistas sostuvo una reunión con personal del Instituto, donde les notificaron que la empresa externa permanecerá en el proceso, aunque la autoridad estatal tendrá la decisión final sobre la aprobación de las unidades.
El concesionario también señaló que se pretende implementar un código QR para las unidades, aunque, dijo, no se les explicó cuál será su función.
En tanto, Fabiola Sánchez calificó los cambios como apresurados y consideró que no existe tiempo suficiente para que el sector pueda adaptarse al nuevo esquema.
Finalmente, Fabiola Hernández pidió a las autoridades brindar información clara y oportuna sobre los nuevos procedimientos y los resultados de las inspecciones.
Los concesionarios advirtieron que, de mantenerse esta medida, analizarán promover amparos u otros recursos legales para impedir que una empresa externa sea la encargada de las revisiones físico-mecánicas.
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