Director del Observatorio Ciudadano Nacional menciona que las escuelas militarizadas actuaron después de una tragedia

Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, exigió una mayor inspección y vigilancia en las escuelas de México, pues criticó que en el caso de las escuelas militarizadas se actuó después de una tragedia.

Lo anterior, luego de que Telediario dio a conocer que Guanajuato, Nuevo León, Aguascalientes y Zacatecas aceptaron eliminar la denominación de "militarizadas" de sus preparatorias, tras la petición del Gobierno federal de retirar esa clasificación de todas las escuelas militarizadas del país.

Asimismo, pidió que se evalúen los resultados del modelo y la inversión que se realiza, pues Telediario dio a conocer que por cada alumno de los bachilleratos bivalentes militarizados de Guanajuato se invierten cerca de 80 mil pesos, a diferencia de un estudiante de otro sistema de educación media superior, en el que se destinan entre 25 mil y 30 mil pesos.

"Todo lo que haga el Estado tiene que ser evaluado. Es una obligación. El problema es que lo evalúan según conveniencia los gobiernos. Pero toda actividad que se hace con recursos públicos tiene que evaluarse no solo por el tema de a cuántas personas se atiende, sino efectivamente cuáles son luego los efectos de esa atención", dijo.

Francisco Rivas Rodríguez calificó como positivas y obligatorias las revisiones que realizarán los gobiernos de Guanajuato, Nuevo León, Aguascalientes y Zacatecas.

También consideró que durante muchos años ha habido omisiones de inspección y verificación en todas las escuelas del país incluyendo este tipo de instituciones militarizadas. “La pregunta del millón es: ¿por qué operaban escuelas que presuntamente ofrecían un modelo educativo no reconocido plenamente por las instituciones públicas?, lo que están haciendo ahorita es tapar el pozo después de que el niño ya se ahogó”, expresó.

El especialista declaró que "se debe de poner ojo" en la forma en que se imparte la educación en el país y el papel del Estado en dicha regulación. Señaló no tener una postura a favor o en contra de las escuelas militarizadas, pero tildó de grave que se haya permitido la falta de orden que provocó una tragedia en el caso de Dafne, la joven de 13 años que perdió la vida en Tamaulipas al interior de un campamento de una academia militarizada en aquella entidad.

“Lo grave es que el Estado no ponga orden en estas escuelas. Y lo segundo es que las escuelas permitan ciertas prácticas que humillan, que lastiman, que ponen en riesgo la vida, la integridad física y psicológica de quienes estudian ahí bajo argumentos de tradiciones”, señaló. "Todo lo que haga el Estado tiene que ser evaluado. Es una obligación. El problema es que lo evalúan según conveniencia los gobiernos. Pero toda actividad que se hace con recursos públicos tiene que evaluarse no solo por el tema de a cuántas personas se atiende, sino efectivamente cuáles son luego los efectos de esa atención", dijo.

Por ello, hizo un llamado a las autoridades a supervisar que todas las escuelas del país operen bajo la legalidad y no solo las militarizadas. Asimismo, criticó la existencia de planteles que carecen de las condiciones mínimas para cumplir su función esencial: fomentar el conocimiento y contribuir al desarrollo de las personas.

“Simplemente, pensemos ¿cuántas universidades patito hay? En el momento de mi vida yo trabajé en la Secretaría de Educación del Estado de Baja California… me acuerdo de que me tocó una revisión de las universidades que había y había en el estado más de 40 universidades de las cuales yo nunca había escuchado hablar. Y cuando ibas a ver los planteles eran literalmente una casa perdida en.… quién sabe dónde”, dijo.