La oficina en México del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), aseguró mediante su cuenta de redes sociales que las acciones en las que un elemento de la Guardia Nacional accionó su arma en contra de civiles donde murió el joven estudiante Ángel Yael, no corresponden a los protocolos y estándares internacionales de una policía civil.
De igual manera la ONU-DH lamentó la muerte del estudiante ocurrida la tarde del 27 de abril en Irapuato, en la comunidad de Cuchicuato, como consecuencia de los disparos por arma de fuego de alto calibre en contra de la camioneta en la que viajaba el joven junto con una acompañante que resultó lesionada y el conductor afortunadamente ileso.
“Preocupa a la ONU-DH el uso de la fuerza letal aplicado en este caso por la Guardia Nacional. Este tipo de acciones no corresponde a una policía civil que actúa bajo estándares internacionales que establecen el uso estrictamente excepcional de la fuerza letal” señaló el organismo con sede en México mediante su cuenta de redes sociales.
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De igual manera hizo un llamado a “las autoridades a que se realice una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial que esclarezca la cadena de mando y el cumplimiento de protocolos internacionales sobre uso de la fuerza y derechos humanos”.
Finalmente la ONU-DH expresó su solidaridad con las víctimas y pidió a las autoridades a otorgarles una reparación integral del daño que incluya la adopción de garantías de no repetición.
Señalan deficiencias en informe
De acuerdo al Informe del Comité contra la Desaparición Forzada sobre su visita a México al amparo del artículo 33 de la Convención en 2021, la Guardia Nacional se encontraba entre las diez autoridades señaladas con mayor frecuencia en los expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos registrados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El documento señala que 2007 y 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un total de 162 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina por violaciones graves a los derechos humanos, 15 de ellas relacionadas con casos de desaparición forzada.
La misma Organización de las Naciones Unidas ha asegurado que el enfoque de seguridad pública adoptado por el Estado desde los años noventa y fomentado por la reforma legislativa del 2006 que ha sido caracterizado por la militarización para combatir la delincuencia, ha sido insuficiente e inadecuado en lo que atañe a la protección de derechos humanos.
“La permanente participación de la Fuerza Armada (...) a pesar de presentarse como extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, permite poner en duda su conformidad con los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos y seguridad” remata un informe de la ONU.