En un ejercicio de responsabilidad institucional, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que el Gobierno del Estado aceptará de manera íntegra la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) derivada de las graves omisiones detectadas en el procesamiento del predio conocido como Rancho Izaguirre, en Teuchitlán.
La resolución del organismo nacional acreditó violaciones sistemáticas a los derechos de legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia; señalando responsabilidad del Gobierno de Jalisco ante lo sucedido en este inmueble.
¿Qué dijo Pablo Lemus sobre su disposición a emitir una disculpa pública?
Entre las fallas señaladas destacan la falta de identificación y embalaje adecuado de evidencias, retrasos de seis meses en el análisis de muestras biológicas y la alarmante sustracción de vehículos que estaban bajo custodia.
Incluso, la CNDH documentó que en marzo de 2025 se permitió el ingreso de personas ajenas al sitio mientras este aún se encontraba bajo intervención pericial, lo que derivó en la alteración de posibles escenas del crimen.
Ante este panorama, Lemus enfatizó que, aunque las irregularidades técnicas por parte de la Fiscalía del Estado y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) no ocurrieron durante su gestión directa, el compromiso con las víctimas es prioritario.
"Independientemente de que estas anomalías sucedidas en el Rancho Izaguirre, no sucedieron, ni en la administración de la presidenta Sheinbaum ni en la administración de un servidor, tenemos una responsabilidad institucional que cumplir", afirmó el mandatario.
El gobernador delineó una ruta de acción que incluye no solo aceptar la recomendación para continuar con las investigaciones, sino también profundizar el vínculo con las familias de personas desaparecidas.
"En el diálogo con los colectivos y con las madres buscadoras, debemos fortalecer aún más el intercambio de información, el diálogo respetuoso y la participación con ellas", señaló.
Finalmente, respecto al acto de reconocimiento de responsabilidad solicitado por la CNDH, el titular del Ejecutivo estatal se mostró abierto a encabezar personalmente dicho acto.
"Si hay alguna disculpa pública que emitir por parte del gobierno del estado... también estoy dispuesto a emitir personalmente estas disculpas públicas", sentenció Lemus, recordando que ya ha realizado actos similares en el pasado con víctimas de administraciones anteriores.
El Estado cuenta ahora con un plazo de seis meses para cumplir con la actualización de protocolos de cadena de custodia y realizar el acto público de desagravio.
LG