El gobierno estadounidense solicitó a México que revise si a los trabajadores de la planta de Pirelli Neumáticos, SA de CV (Pirelli), en Silao, Guanajuato, se les está negando el derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva.
La oficina de la representante comercial estadounidense, Katherine Tai, añadió que Estados Unidos ha suspendido la liquidación de aranceles sobre los productos de la planta de Pirelli, que se especializa en convertir caucho en neumáticos para automóviles, hasta que se dé una respuesta.
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Esta es la vigésimo sexta vez que Estados Unidos ha solicitado la aplicación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (RRM, por sus siglas en inglés) contemplado en el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).
“Este caso, que es el segundo del Mecanismo de Respuesta Rápida que aborda el acuerdo sectorial de México para la industria del caucho, demuestra que la herramienta está generando conciencia entre los trabajadores del sector sobre sus derechos laborales y brindando una vía para abordar sus inquietudes”, expresó Tai.
“Esperamos continuar nuestra colaboración con el Gobierno de México para proteger los derechos de los trabajadores en la planta”.
A través de un comunicado, Tai y el secretario de Trabajo, Marath Bolaños, que presiden el Comité Interinstitucional Laboral para el Monitoreo y la Aplicación (ILC), recibieron el 23 de julio una petición de RRM de La Liga Sindical Obrera Mexicana (LSOM), la Red Internacional de Abogados que Ayudan a los Trabajadores (ILAW Network), los Trabajadores Unidos del Acero (USW), y la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO).
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La petición alegaba que Pirelli no estaba aplicando el acuerdo sectorial (contrato ley) que cubre la industria de fabricación de caucho en la planta y, en cambio, estaba aplicando un acuerdo de negociación colectiva (CBA) singular con beneficios inferiores a los del contrato ley.
Tras una revisión del caso, las autoridades determinaron que existen pruebas suficientes y creíbles de que se han negado derechos, lo que permite invocar de buena fe mecanismos de cumplimiento.
México tendrá diez días para pronunciarse sobre la realización de una revisión y, si acepta, 45 días a partir de hoy para completarla.