Ciudadanos detectaron un incremento en el cobro del predial en Monterrey, lo que se atribuye a que el municipio aplicó un aumento de entre 24 por ciento en zonas residenciales y 31 por ciento en zonas comerciales e industriales que fue aprobado para el 2025 y que no entró en vigor en su momento.
Ante esto, la coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pamanes exhortó a los ciudadanos a pedir su estado de cuenta, no pagar el predial y ampararse contra lo que consideró es una ilegalidad del ayuntamiento regio.
Según explicó, el ayuntamiento solicitó en 2024 la actualización de valores catastrales para aplicarse en 2025, lo cual fue aprobado por el Congreso. Sin embargo, el gobernador Samuel García lo vetó de inmediato pero ya avanzado el año, lo aprobó.
Para entonces, ya la mayoría de los ciudadanos habían pagado el impuesto predial, por lo que el municipio decidió no utilizar la autorización.
"Él debió de haber presentado una solicitud nueva al Congreso, quien es la autoridad para autorizar este, este tipo de aumentos. Entonces, pues lo hace de manera ilegal, es completamente ilegal la aplicación de este aumento al predial, y los ciudadanos de Monterrey es importante que lo sepan, porque, este, ellos pueden recurrir incluso a la autoridad federal para defender este derecho", dijo.
Aparentemente al no contar este año con actualización de valores catastrales por falta de presupuesto 2026, el municipio decidió implementar esa medida.
"No hay ninguna oportunidad, ya que, aunque se hayan presentado situaciones legales, esto no los exime de haber solicitado nuevamente en octubre de 2025 una nueva petición, como sí lo hizo el municipio de Monterrey para fraccionamientos nuevos. Cualquier situación relacionada con el veto del gobernador y su publicación posterior no influye en la decisión de aplicarlo en 2026; no hay ninguna salvedad para ellos", indicó.
Ante esta situación, la diputada recomendó a los ciudadanos revisar cuidadosamente sus estados de cuenta del predial para verificar el aumento y recurrir a la autoridad federal para ampararse contra este incremento, considerando que el decreto ya no tiene vigencia.
En tanto el grupo legislativo de MC analizará posibles sanciones contra el municipio.
"Vamos a analizarlo, ya que consideramos que se trata de un abuso de poder y de autoridad en contra de la ciudadanía. Es un tema que deberá revisarse al interior del grupo legislativo, pues es importante que haya consecuencias ante esta falta grave del municipio de Monterrey contra los ciudadanos", agregó.
Por otra parte, respecto al presupuesto estatal 2026, la legisladora defendió la legalidad de la reconducción presupuestal aplicada por el gobierno estatal.
Explicó que se trata de un principio constitucional que protege al Ejecutivo para garantizar la continuidad de servicios públicos.
Criticó el presupuesto aprobado únicamente por PRI y PAN, señalando que presenta "fallas muy graves" y no cumple con la ley de eficiencia financiera ni mantiene equilibrio fiscal.
bimc